MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Colombia ha alertado este domingo de que se están incumpliendo hasta un 93 por ciento de los fallos judiciales que decretan la entrega de viviendas y subsidios a las familias campesinas víctimas de desplazamientos forzados y el despojo de tierras.
De acuerdo con la Fiscalía, los señalados en incumplir con casi 1.500 decisiones judiciales entre 2018 y 2019 son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, el Banco Agrario y la sociedad financiera Fiduagraria.
El Ministerio Público ha señalado a través de un comunicado que al incumplir las sentencias de la Justicia, "aumenta el riesgo de que los campesinos se enfrenten a la pérdida de su identidad, sus prácticas culturales, y su relación con la naturaleza".
Además, continúa el texto, "se profundiza en la ruptura del tejido social", así como "en la amenaza frente a la falta de medios para su subsistencia y la soberanía alimentaria del país, riesgo que se acrecienta en momentos de pandemia".
Es por ello que la Fiscalía ha pedido la comparecencia de la actual presidenta de Fiduagraria, María Cristina Zamora Castillo, para que ofrezca información sobre la situación pactada con el Ministerio de Agricultura "para la ejecución de las órdenes de los jueces de restitución sobre temas de vivienda rural".
Del mismo modo, el Ministerio de Agricultura "deberá informar sobre las razones del retraso en el cumplimiento de los fallos de los jueces" y el presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, hacer lo propio "sobre los principales motivos de la no ejecución de programas de vivienda rural digna, para los campesinos víctimas de conflicto armado".
La Fiscalía ha anunciado que ha pedido al Gobierno de Colombia que realice "los ajustes institucionales necesarios para que la política de vivienda rural destinada a las víctimas de despojo y abandono de tierras, se adecúe a los propósitos de la reparación integral".