COLOMBIA, 31 Oct (EUROPA PRESS)
El partido político Colombia Humana, liderado por el presidente Gustavo Petro, confirmó el jueves que la Fiscalía realizó una inspección en su sede el día anterior, como parte de una investigación sobre supuesta financiación irregular durante la campaña electoral de 2022, que resultó en la elección de Petro como presidente de Colombia.
El registro, según explicó Colombia Humana, es una acción dentro de las facultades "legales" de la Fiscalía para "solicitar información" en lo que calificaron de procedimientos "ordinarios", asegurando que no se trata de una investigación penal contra el partido ni implica ninguna medida punitiva.
A través de una publicación en la red social X, la formación política criticó a "algunos" medios por dar un tratamiento "sensacionalista y tendencioso" al asunto, argumenta que se trató meramente de una "diligencia administrativa de revisión documental".
Colombia Humana acusó que estos titulares desinforman y distorsionan la percepción pública sobre el movimiento y sus miembros, instando a los medios a ejercer su labor con "objetividad y equilibrio (...) en beneficio del debate público y de la confianza ciudadana en las instituciones".
Además, el partido aseguró que siempre ha respondido de forma "respetuosa, transparente y oportuna" a todas las solicitudes de las autoridades, manteniendo un "respeto a la institucionalidad y por la disposición de colaborar con los órganos de control", reafirmando su compromiso con "la transparencia, la legalidad y la ética pública", y prometiendo mantener "la serenidad y la claridad" en sus actuaciones, respetando el debido proceso y las instituciones.
Por su parte, el presidente Petro, también a través de X, afirmó que el Ministerio Público "no encontrará nada", respondiendo a las palabras de la fiscal general, Luz Adriana Amargo, quien indicó a la prensa que el organismo "llegará hasta las últimas consecuencias" en su investigación.
Es importante recordar que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña de Petro superó los límites de gastos por más de 5.300 millones de pesos (alrededor de 1,14 millones de euros) y recibió donaciones de personas jurídicas, lo cual está explícitamente prohibido por la legislación electoral.