Actualizado 27/09/2006 21:55:10 +00:00 CET

Colombia.- La Fiscalía inicia la investigación a los paramilitares que se han acogido a la Ley de Justicia y Paz

BOGOTA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de la Nación ha comenzado la investigación de los paramilitares desmovilizados que se han acogido a la Ley de Justicia y Paz del Gobierno de Alvaro Uribe tras recibir la lista de las autoridades.

La investigación se inicia contra Salvatore Mancuso, identificado como el jefe del bloque Catatumbo, seguido de Juan Francisco Prada, alias 'Nacho Prada' y Wilson Carrascal, integrantes del bloque Julio Cesar Peinado Becerra.

Con este proceso se abre la convocatoria para que las víctimas del paramilitarismo comparezcan en las sedes ubicadas en Barranquilla, Bogota, Medellin y Cúcuta para que relaten los ataques que sufrieron por parte de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Paralelamente a esta situación, la Fiscalía revisa los requisitos de elegibilidad de estas tres personas para constatar si cumplen o no, para así continuar el proceso, ademas de ubicar los hechos judicializados.

La Fiscalía daría un término de dos meses para que la víctimas se presenten y luego se pueda recibir en versión libre a los tres desmovilizados paramilitares a fin de que confiesen sus delitos, según informa la emisora local Radio Caracol.

La lista de 2.000 aspirantes que se entregó a la Fiscalía se reduciría ya que muchos de los postulados no se habían acogido a Justicia y Paz, sino que su interés personal además de su condición es la de reinsertados debido a que han aceptado el delito político.

La investigación de la Fiscalía comenzará con Mancuso, que tiene en la actualidad 20 procesos y una condena de 40 años de prisión, máxima pena estipulada en el Código penal, por una masacre perpetrada en octubre de 1997 donde fueron asesinados 15 campesinos.

Mancuso, reconocido por las autoridades como 'Triple Cero', 'El Mono' o 'Santander Lozada', está acusado de nueve homicidios y cuatro masacres, hechos que son investigados por fiscales de la unidad de Derechos Humanos.