BOGOTÁ, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha indicado que revisará "cuidadosamente" los cambios realizados en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"La Fiscalía revisará cuidadosamente todo cambio posible en el texto del acuerdo firmado en 26 de septiembre", ha dicho Bensouda en su informe anual sobre el estado de los exámenes preliminares en curso, incluido el de Colombia.
Bensouda ha apuntado que vigilará igualmente "todo proyecto legislativo posterior relativo al establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para los máximos responsables por los crímenes más graves".
La Fiscalía ha avanzado que fijará su atención en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se encargará de investigar y sancionar los hechos más graves cometidos por cualquiera de las partes en el marco del conflicto armado.
Bensouda ha aclarado que todavía "no ha adoptado una posición específica o final" respecto a la JEP, si bien ha valorado que "parece estar diseñada para determinar la responsabilidad penal individual, hacer que los perpetradores rindan cuentas y descubrir la verdad integral, y a la vez procurar satisfacer los objetivos sancionatorios de disuasión, retribución, rehabilitación y restauración".
"El cumplimiento de estos objetivos no dependerá únicamente de los procedimientos y condiciones establecidos en el acuerdo (de paz), sino también de la efectividad de las restricciones a la libertad impuestas sobre los individuos, cuya naturaleza aún debe precisarse claramente", ha señalado.
La JEP, según la redacción inicial, que en este sentido no ha variado, contempla restricciones de derechos y libertades de entre cinco y ocho años de duración para quienes aporten verdad, privación efectiva de la libertad de entre otros cinco y ocho años para quienes confiesen tardíamente y hasta 20 años de cárcel para quienes no admitan culpa.
La fiscal jefe ha añadido que "continuará examinando los desarrollos relativos a las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC", con carácter general, "así como con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)".
El pasado 2 de octubre los colombianos rechazaron en un plebiscito el acuerdo firmado por el Gobierno y las FARC, lo que obligó a las partes a volver a la mesa de negociaciones para ajustar lo pactado con las propuestas de la campaña del 'no'.
Este fin de semana las delegaciones del Ejecutivo y la guerrilla han alumbrado un nuevo documento que recoge modificaciones en temas de justicia transicional, participación política, propiedad privada y drogas.
Representantes del 'no' han rechazado la última versión de los textos de La Habana porque "no se hicieron muchos de los cambios sustantivos que se solicitaron y fueron determinantes para que el acuerdo inicial fuera rechazado por la mayoría de los colombianos en las urnas".