BOGOTÁ, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Juan Manuel Santos ha asegurado este jueves que "los crímenes que más les preocupan a los colombianos no quedarán impunes" ante las dudas surgidas por el acuerdo de justicia transicional suscrito con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Los crímenes que más les duelen a los colombianos no van a quedar en la impunidad", ha asegurado el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, mencionando atentados, abusos sexuales y reclutamiento de niños, entre otros.
Jaramillo ha explicado que la justicia transicional contempla dos vías: "si usted reconoce responsabilidad, hay un tratamiento; si usted no la reconoce, tiene otro". El primero implica trabajos a la comunidad y el segundo penas de cárcel de entre cinco y ocho años.
El funcionario ha aclarado que, si bien son castigos menores que los contemplados en el Código Penal colombiano, "no los cumplirán dando saltos por los municipios", sino que tendrán que "reparar" efectivamente a las víctimas, que es el objetivo del acuerdo.
"¿De qué le sirve al país meter a unos señores en la cárcel, mientras el país está cubierto de bandas criminales?", ha cuestionado, recordando el fracaso de experiencias anteriores como la Ley de Justicia y Paz para los grupos paramilitares.
Por su parte, el jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz, Humberto de la Calle, ha destacado el valor de este acuerdo porque es la primera vez que todas las partes intervienen en el diseño de la justicia transicional.
"No se trata solo de un acuerdo para imponer unas penas, sino que fueron las mismas partes las que construyeron un sistema para investigar y sancionar los crímenes más representativos", ha resaltado en una rueda de prensa desde La Habana.
Interrogado sobre las críticas que apuntan que ese acuerdo dejará impunes los crímenes más graves --perseguidos por la justicia internacional--, De la Calle ha defendido que "lo que debe guiar a Colombia no es seguir el conflicto para obtener logros de carácter punitivo, sino poner fin a la guerra".
En cuanto al plazo máximo de seis meses que se han dado las partes para rubricar el acuerdo de paz definitivo --lo cual deja como fecha clave el 23 de marzo--, ha confiado en cumplir el calendario. "Estamos empezando a contar los días de una guerra que queremos superar", ha señalado.
JUSTICIA TRANSICIONAL
El acuerdo suscrito por el Gobierno de Santos y la guerrilla crea una jurisdicción especial para la paz que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.
Es el cuarto acuerdo que se cierra en el diálogo de paz, tras los de desarrollo agrario y rural, participación política y cultivos de drogas. Por delante quedan el pacto sobre fin del conflicto --desarme-- y sobre los mecanismos de refrendación, implementación y verificación.
Las partes se han dado seis meses a partir del 23 de septiembre para firmar un acuerdo de paz definitivo que será el que dé validez a lo consensuado anteriormente, ya que negocian bajo el principio de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'.