MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Colombia ha solicitado al Tribunal Constitucional que no acceda a las peticiones que piden legalizar el suicidio médicamente asistido, que actualmente es un delito que puede acarrear entre 16 y 36 meses de prisión.
En un comunicado remitido al tribunal a través del Ministerio de Justicia, el Gobierno ha indicado que "no puede aducirse que la ayuda al suicidio proteja la vida digna, pues lo cierto es que quien cometa este delito afecta este bien jurídico".
"El derecho a morir dignamente no implica que las personas no tengan el deber de evitar los riesgos de la salud a otras personas, pues existe un deber fundamental de respeto a la vida ajena, en este punto", ha agregado el ministerio, informa 'El Tiempo', a la vez que ha alertado que al permitir esta práctica se podría incurrir en delitos de inducción al suicidio y el homicidio por piedad.
En este sentido, cuando se habla del tipo penal de inducción o ayuda al suicidio "lo que se podría advertir es que existe una barrera legítima, que impide la intromisión por parte del Estado en las decisiones de los ciudadanos, siempre y cuando no se afecten derechos ajenos, y su tipificación respondería al deber de todo ciudadano de no afectar la vida ajena".
En Colombia, la eutanasia ya no es considerada un delito. La diferencia entre esta práctica y el suicidio asistido es quién proporciona la dosis de medicamento letal a los que la soliciten. En el primer caso es el personal sanitario, mientras que en el segundo es el paciente quién se auto suministra el fármaco.
Una demanda presentada ante el Constitucional insta al tribunal a permitir el suicidio asistido en cuatro condiciones en las que no sea considerado un delito. Cuando la persona manifiesta su consentimiento libre, inequívoco e informado; cuando ha sido debidamente diagnosticada con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable; cuando experimenta intensos dolores físicos o psíquicos; y cuando la ayuda ha sido prestada por un profesional médico.
Actualmente, esta práctica es legal en España, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Australia, Alemania y en algunos estados de Estados Unidos.