MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha logrado un acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) que permitirá la compra de tres millones de hectáreas de tierras fértiles para su entrega a los campesinos.
Petro ha destacado que supone un "pacto histórico" que permitirá ejecutar una reforma agraria. "Es la decisión libre de los poseedores de tierra, dedicados a las ganaderías extensivas, de vender una parte de tierras fértiles", ha señalado.
Este acuerdo es la base para iniciar un trabajo conjunto entre FEDEGÁN y el Ministerio de Agricultura en el que "indudablemente lo más difícil es conseguir los dineros para adquirir tierras a un ritmo de unas 500.000 hectáreas anuales".
Petro ha explicado que no se trata de entregar una tierra, sino de que esa tierra esté acompañada de la base institucional indispensable para producir. "Esa tierra tiene que tener crédito, tiene que tener transferencias tecnológicas, tiene que tener mecanismos de comercialización de sus productos, tiene que tener un proceso de asociatividad regional que nos permita saltar hacia la agroindustria", ha apuntado.
Así, ha destacado que "tres millones de hectáreas más de producción, fundamentalmente de alimentos, sería una verdadera revolución agraria en Colombia".
El acuerdo está suscrito por el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, por una parte, y por FEDEGÁN por otra.
El acuerdo establece que los tres millones de hectáreas de tierra deben acreditarse como propiedad privada conforme a la ley, no tener ningún proceso agrario en curso ni medidas de protección y cumplir con las disposiciones ambientales y agrarias.
Adicionalmente, las parcelas deberán estar saneados en términos fiscales y con posesión en manos de sus propietarios. El Gobierno Nacional evaluará la capacidad productividad de la tierra ofertada y se precisará su ubicación. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) determinará precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas a precio de mercado.
Por su parte, el Gobierno asumirá el coste que genere materializar el respectivo negocio jurídico. El pago se efectuará con bonos de deuda pública u otra forma de pago que se determine posteriormente.