BOGOTÁ, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Alto Comisionado de Paz del Gobierno colombiano, Miguel Ceballos, ha abogado por que los exguerrilleros de las FARC que han anunciado la formación de una nueva guerrilla sean excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional planteado en el acuerdo de 2016.
Ceballos ha condenado el paso dado por los antiguos miembros de las FARC Iván Márzquez, Jesús Santrich y El Paisa, entre otros, que han anunciado en un vídeo su vuelta a la lucha armada como consecuencia de la supuesta "traición" de las actuales autoridades a los compromisos firmados con el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Para el Alto Comisionado, que se encuentra en Washington, esta iniciativa debe suponer la "expulsión" de los disidentes del partido heredero de las desaparecidas FARC y que la JEP les excluya de cualquier tipo de beneficio. El Gobierno, ha añadido, intensificará su reclamación para capturar a estos desertores, según medios colombianos.
"Los que desean mostrar que este anuncio es fruto de un incumplimiento faltan a la verdad, no tiene sentido", ha esgrimido Ceballos, quien ha defendido la "voluntad" del actual Ejecutivo para aplicar los compromisos firmados. No obstante, ha apuntado que el presidente, Iván Duque, ya advirtió de que había disidentes de las FARC que querían "dar la espalda a la paz".
Al Gobierno también le preocupa la alianza que el nuevo grupo pueda entablar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que la vuelta a las armas de Iván Márzquez y sus aliados evidencia un apoyo soterrado de las autoridades venezolanas.
Fuentes de las fuerzas de seguridad consultadas por el diario 'El Tiempo' han asegurado que las autoridades colombianas tenían constancia de movimientos en el país vecino, lo que limitaba el margen de actuación contra la disidencia de las FARC. Además, a este límite se suma también la protección jurídica que les brinda la JEP.
"No tenemos duda que el video difundido esta madrugada fue grabado en Venezuela, donde hay presencia del ELN", ha asegurado una de estas fuentes, a la espera de que Bogotá elabore un informe oficial.