Colombia.- El Gobierno confirma hasta el 1 de septiembre un total de 10.540 desmovilizaciones individuales

Actualizado 04/09/2006 22:17:00 CET

BOGOTA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 223 miembros de grupos armados ilegales se desmovilizaron de forma individual el pasado agosto en Colombia, donde se han producido cerca de 10.540 desmovilizaciones de este tipo, según el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), que precisó que entre los desmovilizados de agosto hay 29 menores de edad y 35 mujeres.

Además, entregaron las armas 186 ante unidades de las Fuerzas Militares y de Policía; cinco a la Fiscalía; 11 a la Defensoría del Pueblo; 14 al DAS; dos a la Personería y cinco al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Según el informe, un total de 151 desmovilizados pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); 27 a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); 30 al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 15 a otros grupos disidentes.

El texto revela que, durante agosto, el departamento en el que más desmovilizaciones se presentaron fue Cundinamarca con 36 casos, seguido de Caquetá con 24, Antioquia con 20 y Meta y Sucre con 15 cada uno. Las demás entregas se realizaron con cifras menores en el resto de regiones del país.

A través del decreto 128 de 2002, el Gobierno estableció apoyo en materia de salud para los desmovilizados y sus familias, al igual que protección y solución jurídica a través del Ministerio de Interior. El decreto también contempla apoyo económico para la creación de microempresas y la posibilidad de validar el bachillerato y acceder a capacitación impartida por el Sena.

Además de estos beneficios, la Administración del presidente Alvaro Uribe anunció a través del decreto 2767 de 2004, que quienes se acojan a dicho proceso y colaboren de manera voluntaria, con la justicia o la Fuerza Pública entregando información que permita evitar o esclarecer delitos, podrán recibir una bonificación económica, acorde con el resultado de dicha colaboración.

Los desmovilizados que entreguen material de guerra, intendencia, comunicaciones, estupefacientes, maquinaria para la producción de drogas ilícitas "o cualquier otro elemento que facilite a los grupos armados al margen de la ley el desarrollo de actividades ilícitas", también recibirán una bonificación económica.

Asimismo, se entregará una bonificación económica a quienes, de manera voluntaria, deseen "desarrollar actividades de cooperación para la Fuerza Pública".

El decreto aclara que los beneficios los podrán recibir todos aquellos nacionales que "individualmente y por decisión voluntaria", abandonen los grupos armados al margen de la ley. Estos deberán demostrar además, según criterios del Gobierno nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Los menores de edad, quedan excluidos "de cualquier forma de colaboración con la Fuerza Pública".