BOGOTÁ, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno colombiano ha celebrado este jueves el aval de la Corte Constitucional (CC) al Marcó Jurídico para la Paz, instrumento de justicia transicional, al considerar que de ello depende el éxito del diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"El éxito de las conversaciones que adelantamos actualmente en La Habana depende en gran medida de la decisión que ha tomado la CC", ha dicho el Gobierno de Juan Manuel Santos a través de un comunicado difundido hoy.
El Ejecutivo ha explicado que con ello ha reconocido que el Marco Jurídico para la Paz "permite una sana ponderación entre el deber del Estado de investigar y juzgar, los derechos de las víctimas y el derecho de todos los colombianos de lograr la paz". "Es histórico", ha sostenido.
Así, la Casa de Nariño ha considerado que el aval constitucional "es un mensaje para las FARC y para todo el país: el logro de la paz estable y duradera implica el reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos".
Además, el gabinete ministerial ha agradecido al alto tribunal "que haya conducido un proceso transparente y participativo, que ha permitido elevar la calidad del debate público en torno a un problema jurídico de tanta importancia para el país"
"Por último, el Gobierno quiere valorar especialmente el trabajo armónico de las ramas del poder público alrededor de los más altos intereses de la nación. No hay un asunto más urgente para Colombia que la paz. Ese es nuestro propósito común", ha concluido.
FALLO DE LA CC
Ayer, tras cinco días de intensas deliberaciones, finalmente los magistrados del alto tribunal decidieron --por siete votos a favor y dos en contra-- declarar "exequible" el Marco Jurídico para la Paz, instrumento de justicia transicional.
El alto tribunal rechazó así la cuestión de constitucionalidad planteada por el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, sobre las expresiones "los máximos responsables" y "de manera sistemática" contenidas en el texto legal.
Gallón argumentó que el Marco Jurídico para la Paz favorece la impunidad de los crímenes cometidos por la guerrilla porque establece que solamente se investigue a "los máximos responsables" de las violaciones de Derechos Humanos "sistemáticas".
Aunque dio el visto bueno al Marco Jurídico para la Paz, el alto tribunal también señaló las ochos directrices que el Congreso debe seguir en la elaboración de su ley estatutaria, que se encargará de desarrollarlo para permitir su aplicación práctica.
Así, la CC estableció que las FARC deberán contribuir de manera efectiva al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de todos los niños reclutados forzosamente.
Además, recordó que "la ley estatutaria deberá ser respetuosa de los compromisos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos".
En cuando a los criterios de selección de los casos, indicó que el Estado debe respetar y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas e impulsar investigaciones serias, independientes, imparciales y efectivas en un plazo razonable.
A este respecto añadió que cuando el caso no haya sido seleccionado, se podrá impugnar esta decisión y cuando devenga firme "el derecho a la verdad y a la reparación se debe garantizar a través de mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales".
A modo de garantía, aclaró que para que el Marco Jurídico para la Paz sea aplicable es necesario exigir a las FARC --a nivel colectivo-- la terminación del conflicto, incluyendo la entrega de las armas, y a los guerrilleros --a nivel individual-- el compromiso de no cometer nuevos crímenes.
CONTROVERSIA
El Marco Jurídico para la Paz es una reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Santos y aprobada por el Congreso que ha generado una gran polémica a nivel nacional, siendo incluso un punto de fricción entre las delegaciones en el diálogo de paz.
El jefe del equipo negociador del Gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, ha defendido en estos meses que el Marco Jurídico para la Paz, como base de la justicia transicional, "no es un acto de resignación", sino que persigue "objetivos más amplios", como "profundizar en el Estado de Derecho".
"Los esquemas de la justicia transicional pasan por el enjuiciamiento penal, el reconocimiento a las víctimas, la búsqueda de la verdad, la reparación integral, garantías de no repetición y reformas institucionales para que, cuando se trate de violaciones por parte del Estado, se haga explícito el reproche de estas conductas", ha aclarado.
Así, ha subrayado que "el territorio de la justicia transicional, a diferencia de lo que han sostenido algunos, es mucho más amplio que las simples medidas de amnistía e indulto, de larga tradición entre nosotros". "Estas son fórmulas agotadas", ha considerado.
En concreto, ha defendido que establezca una clasificación. "Este criterio es exactamente lo contrario de la pretendida impunidad. Eso de pretender juzgar a todos los guerrilleros sin consideración a su rango y de sus delitos es una mentira piadosa que equivale a la vieja idea de 'sacrificar un mundo para pulir un verso'", ha sostenido.
En cambio, las FARC han advertido de que el Marco Jurídico para la Paz "no jugará ningún papel positivo en el proceso de paz" porque se ha diseñado sin su consentimiento y, "si en realidad se busca la paz, tal construcción debe ser producto de análisis y decisiones conjuntas".
El grupo armado ha explicado que "el Marco Jurídico para la Paz es un instrumento de justicia transicional al que han acudido muchos países en todo el mundo, ocurriendo que generalmente los ganadores han impuesto sus normas a los perdedores o se han establecido nuevos regímenes u ordenamientos constitucionales".
Sin embargo, ha recordado que "en Colombia no ha habido derrota de la contraparte, ni se vislumbra, ya que se da la circunstancia terrible de que el conflicto continúa y, además, una de las dos partes --el Gobierno en representación del poder del régimen-- insiste en que hay que seguir en la guerra".
"Esto es prueba fehaciente de que la contienda continúa. No obstante, por más que desboque su belicismo, no es la vía militar la que le dará la victoria al régimen, pero sí es seguro que tal camino generará más victimización y atraso para nuestro país. Medio siglo de historia así lo corrobora", ha estimado.
DIÁLOGO DE PAZ
Las conversaciones de paz arrancaron el pasado 8 de octubre en Oslo y 19 de noviembre en La Habana sobre una agenda temática de seis puntos que pretende poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado en las que han muerto unas 300.000 personas.
El pasado 26 de mayo, las dos delegaciones llegaron a un acuerdo sobre desarrollo agrario y rural, el primer punto de la agenda del diálogo de paz y el más importante para la guerrilla, ya que sobre él pivota su lucha armada.
Desde entonces, las partes trabajan para llegar a un acuerdo sobre participación política. El Gobierno confía en que hacia el mes de noviembre se hayan producido "avances importantes", aunque ha aclarado que "no hay fechas fatales".
En estos momentos, el dialogo de paz atraviesa por un momento delicado debido a la propuesta del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de llevar a cabo una reforma legislativa para que los acuerdos de paz puedan ser sometidos a referéndum coincidiendo con las próximas elecciones.
Las FARC han rechazado esta iniciativa al considerar que con ello el Gobierno pretende imponer el mecanismo de ratificación popular de los acuerdos de paz, el último punto de la agenda, así como abonar el camino hacia la reelección de Santos.