Actualizado 08/01/2010 21:58

Colombia.-El Gobierno pide celeridad en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército

La Fiscalía reconoce que es preocupante la decisión de los jueces de liberar a militares investigados por los crímenes


BOGOTÁ, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno colombiano ha pedido a las instancias judiciales "celeridad" en las investigaciones sobre los casos de ejecuciones extra judiciales --conocidos como 'falsos positivos'-- cometidos por el Ejército, informó la Presidencia en un comunicado divulgado este viernes.

"El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares exhortan a los entes investigadores y a las autoridades judiciales a adelantar con celeridad los procesos y determinar las responsabilidades correspondientes en estos casos", señala la nota.

Las autoridades colombianas responden de esta manera a la decisión de un juez de control de garantías de Soacha que ordenó este jueves la libertad inmediata para 17 militares investigados por su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior asesinato de tres jóvenes a quienes acusaron falsamente de formar parte de un grupo armado ilegal.

Los militares han sido puestos en libertad porque han pasado más de 90 días sin que se haya iniciado el juicio contra ellos. El propio magistrado de la sala cuarta de lo penal de Soacha ha reconocido que el retraso se ha debido a las maniobras "hilatorias" efectuadas por los abogados defensores, pero también a los retrasos de varias instancias judiciales del país en iniciar el proceso.

El ministro de Defensa, Gabriel Silva, y el comandante General de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, han insistido en "la necesidad del esclarecimiento de los hechos investigados y el castigo para quienes hayan cometido los delitos que se mencionan en el proceso", indica el comunicado.

Ambos funcionarios consideran que en este caso de 'falsos positivos', que provocó en 2008 una purga en el Ejército colombiano, es "esencial" que se "continúe con los procesos y evitar que delitos tan graves queden en la impunidad" para poder "mantener la credibilidad de las autoridades y las instituciones".

En septiembre de 2008 se conoció que unos 19 jóvenes, residentes de Soacha, al sur de Bogotá, habían sido reclutados y después asesinados por militares que los contabilizaron como bajas en combates con los grupos armados, lo que generó uno de los peores escándalos del Gobierno de Álvaro Uribe.

Tanto Silva como Padilla han reafirmado su "determinación de brindar plena colaboración a la justicia en desarrollo de las investigaciones a que haya lugar para establecer la responsabilidad de los investigados".

PREOCUPACIÓN

El fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza, admitió este viernes que la decisión del juez de Soacha de liberar a 17 militares ha despertado "preocupación" porque esto retrasará las investigaciones sobre estos crímenes.

"Imagínese si se hace un esfuerzo para judicializar esos casos y además se captura, las personas concurren a la justicia en su calidad de procesados, se acogen a las normas, se entregan en unos casos y luego encontramos que todo eso resulta inútil que es un desgaste completamente irrecuperable y se producen esos resultados pues claro que tienen que preocuparnos", dijo en declaraciones a Caracol Radio.

Mendoza es del criterio que "aún cuando el proceso siga y haya la posibilidad de recapturar a esas personas mas adelante, una de las manifestaciones de la impunidad es que no se apliquen las medidas de aseguramiento que procedan porque la sociedad se pone en peligro".

Entre tanto, decenas de familiares y miembros de ONG han anunciado que acudirán al Tribunal Penal Internacional (TPI) para que investigue los crímenes contra los jóvenes asesinados por las fuerzas de seguridad colombianas.

"A dónde sea posible, dónde nos toque, pero no nos vamos a quedar quietas; no nos vamos a quedar calladas, porque Colombia es el país de la impunidad. Sabemos que vamos a tener respaldo allí", afirmó Edilia Palacios, madre de Jhon Bustamante, una de las víctimas.

Algunos familiares han asegurado haber sido víctimas de amenazas de desconocidos desde que decidieron llevar adelante las denuncias contra los uniformados responsables de estos delitos.

"Vamos a luchar por nuestros hijos, así sea con nuestras vidas y sabemos que son ellos; nos han hecho amenazas telefónicamente, no les vamos a tener miedo, así maten y coman del muerto", dijo Carmenza Gómez, madre de Víctor Gómez, en declaraciones recogidas por la emisora RCN.