El objetivo es que los procesados sean juzgados por tortura, lo que conllevaría una pena mínima de 10 años
BOGOTA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del presidente Alvaro Uribe pidió a la justicia ordinaria que asuma la investigación de las denuncias por torturas a 21 soldados, ocurridas en el batallón Patriotas de Honda en Tolima, donde sus superiores los vendaron, los sentaron en sillas calientes, los quemaron en el pecho con un hierro para marcar ganado, e inclusive algunos de ellos fueron violados.
Así lo confirmó en declaraciones a la emisora local 'Caracol Radio' el senador Germán Vargas Lleras, quien dijo fue informado de esta decisión a través de una llamada telefónica por el ministro de Defensa, Camilo Ospina.
Según Vargas Lleras, el titular de Defensa decidió entregar el proceso a la justicia ordinaria para buscar que los procesados sean juzgados por tortura, lo que conllevaría una pena mínima de 10 años, y teniendo en cuenta que la investigación en la justicia penal militar no se cumplía con celeridad.
Horas antes, el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, sectores políticos y algunos juristas se mostraron partidarios de que los responsables de las torturas fueran procesados por violación a los Derechos Humanos por el trato cruel a los soldados.
El coronel Rubén Darío Hernández Mosquera; comandante del Batallón Patriotas; el coronel de Infantería Germán Augusto Villalobos González, actual comandante del Centro de Instrucción y Entrenamiento de la VI Brigada en el Tolima, y dos suboficiales, fueron suspendidos y podrían ser retirados. La Procuraduría General ordenó abrir investigación disciplinaria contra los miembros del Ejército involucrados en la tortura en ejercicio del poder preferente.
Las denuncias fueron hechas por la revista 'Semana', que publicó un informe sobre torturas y amenazas de abuso sexual a 21 soldados que recibían adiestramientos en el Centro de Instrucción y Entrenamientos (CIE) del Ejército Nacional. Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de enero en la base del CIE en Honda, en el departamento del Tolima.
Con testimonios de las víctimas y fotografías, la revista muestra a soldados que presuntamente fueron quemados con brasas o hierros para marcar ganado, golpeados o que fueron zambullidos en un río o en huecos con excrementos de reses. Al menos dos oficiales, dos suboficiales y un soldado son procesados por la justicia penal militar como presuntos responsables de los abusos.
El jefe del Ministerio Público le pidió al Comando del Ejército que envíe de inmediato todos los documentos que sirvan dentro de la investigación disciplinaria y se abstenga de iniciar nuevas actuaciones alrededor de estos hechos.
En la misma determinación disciplinaria, el Ministerio Público ordenó llamar a declarar a los soldados y a los posibles responsables de los abusos a los uniformados, con el fin de establecer la verdad de los hechos. Según el Código Disciplinario Único, la tortura puede generar destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos de 10 a 20 años.