El Ejecutivo central adelanta que no renovará la autorización para negociar con bandas en Medellín, una de las ciudades más violentas
BOGOTÁ, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno y la Policía municipal de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda (oeste), están en proceso de negociar una tregua con bandas criminales que han emergido en la localidad con jóvenes cabecillas de estas redes conocidos por sus alias 'El Caleño', 'El Coreano' y 'Cilantro'.
La alcaldesa de la localidad, Luz Ensueño Betancur, explicó que estas negociaciones han permitido poner fin a los enfrentamientos a tiros entre bandas en los barrios de Guadualito, Camilo Torres y El Martillo y adelantó que se han impulsado proyectos comunitarios que contribuirá a financiar el Gobierno municipal, informó la emisora Radio Caracol.
El Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, aclaró este miércoles que el Gobierno de Álvaro Uribe, autorizó a representantes de la Inglesia católica a buscar un acercamiento y contactos con los cabecillas de las bandas criminales emergentes en varias ciudades del país con el único objetivo de que respondan ante la Justicia por sus actos.
"Hace dos meses nosotros, desde la Presidencia, autorizamos a unas personas para que buscaran acercamientos con las bandas criminales para un sometimiento a la justicia", explicó, en una entrevista con la emisora Caracol Radio.
La iglesia Católica anunció este martes que ha iniciado un acercamiento a los líderes de los grupos armados emergentes --la mayoría de ellos de origen paramilitar-- ante el aumento de las muertes violentas en varias ciudades de Colombia, informó el obispo de Montería, monseñor Julio Cesar Vidal.
"Desde septiembre pasamos la propuesta de buscar acercamientos con las bandas emergentes y ellos están dispuestos a iniciar un cese de hostilidades y un futuro proceso de diálogo con el gobierno", aseguró.
Pearl precisó este miércoles que el Gobierno no renovará la autorización que otorgó a una comisión de la sociedad civil para que ésta adelantara la "reconciliación nacional" en Medellín, una de las ciudades más violentas de todo el país al entender el Gobierno que el objeto de las negociaciones no deben llevar a pactos con las bandas criminales sino su "sometimiento a la justicia", algo que, no obstante, sólo aclaró a los dos meses y medio de iniciar estas negociaciones. La autorización expira este 12 de febrero.
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) criticó al Gobierno de Uribe en un reciente informe por no abordar con "seriedad" el surgimiento de nuevos grupos armados, considerados los sucesores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que cometen "habitualmente" masacres y extorsiones en las comunidades que tienen bajo su influencia.
"El gobierno de Uribe no ha abordado el surgimiento de los grupos sucesores con la seriedad que merece este problema", advirtió el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, al considerar que "debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los Derechos Humanos en Colombia".