Actualizado 31/07/2006 13:05:30 +00:00 CET

Colombia.- El Gobierno pone en marcha el Fondo para la Reparación de Víctimas

BOGOTA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Presidencial para la Acción Social expidió este fin de semana el reglamento interno que regula el funcionamiento y la administración del Fondo para la Reparación de Víctimas, creado por la Ley de Justicia y Paz y encargado de administrar los bienes que a cualquier título entreguen los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, comprometidos con un proceso de paz.

El acuerdo 018 del presente año, suscrito por Acción Social, establece las herramientas para el óptimo manejo y administración de los bienes muebles o inmuebles destinados a liquidar y pagar las indemnizaciones a víctimas de la violencia, ordenadas por sentencia judicial debidamente ejecutoriada, con cargo a los infractores.

Asimismo, determina que el Fondo, cuando sea pertinente, atenderá los programas que se implementen, por recomendación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Según este reglamento, el Fondo para la Reparación de Víctimas dependerá directamente de Acción Social, y el ordenador del gasto estará en cabeza del director de esta misma entidad.

El Fondo estará integrado por los bienes o recursos producto de la actividad ilegal, o que a cualquier título entreguen desmovilizados comprometidos con un proceso de paz, según informó el Gobierno en un comunicado.

Asimismo, bienes vinculados a investigaciones penales u objeto de extinción del dominio, recursos del presupuesto nacional, donaciones en dinero o especie, nacionales o extranjeras, y los frutos y rendimientos de bienes administrados por el Fondo y por los demás recursos asignados a cualquier título.

Dependiendo de la sentencia judicial, el Fondo para la Reparación de Víctimas podrá devolver el bien a la víctima o compensar los daños causados en dinero. La reparación se hará en estricto orden de radicación de la sentencia.

Con la expedición del reglamento interno se abre el camino para que la Fiscalía y los Jueces de Paz comiencen a hacer entrega al Fondo de los bienes que miembros de organizaciones armadas al margen de la ley devuelvan con el fin de reparar a sus víctimas.