Aclara que los integrantes de estas bandas que se desmovilicen no se beneficiarán de la Ley Justicia y Paz
BOGOTÁ, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, aclaró este miércoles que el Gobierno de Álvaro Uribe, autorizó a representantes de la Inglesia católica a buscar un acercamiento y contactos con los cabecillas de las bandas criminales emergentes en Colombia con el único objetivo de que respondan ante la Justicia por sus actos.
"Hace dos meses nosotros, desde la Presidencia, autorizamos a unas personas para que buscaran acercamientos con las bandas criminales para un sometimiento a la justicia", explicó el alto comisarionado en una entrevista con la emisora Caracol Radio.
La iglesia Católica anunció este martes que ha iniciado un acercamiento a los líderes de los grupos armados emergentes --la mayoría de ellos de origen paramilitar-- ante el aumento de las muertes violentas en varias ciudades de Colombia, informó el obispo de Montería, monseñor Julio Cesar Vidal.
"Desde septiembre pasamos la propuesta de buscar acercamientos con las bandas emergentes y ellos están dispuestos a iniciar un cese de hostilidades y un futuro proceso de diálogo con el gobierno", aseguró monseñor en declaraciones citadas por Caracol Radio.
Vidal ha confirmado que ha sido el propio presidente colombiano, Álvaro Uribe, quien le dio "el aval para continuar con este diálogo" como una vía para poner fin a los hechos de violencia en las zonas urbanas de ese país.
En la zona fronteriza con Venezuela, el obispo de Cúcuta, monseñor Jaime Prieto Amaya, organizó por su parte un grupo al que denominó "motor" para impulsar los acercamientos con las organizaciones criminales emergentes, a las que él llamó "mutantes" porque están compuestas por los paramilitares desmovilizados que fueron considerados los más peligrosos.
"Nosotros como Iglesia, sea paraco, guerrillero, emergente o mutante, tenemos que establecer diálogo con ellos", afirmó Prieto Amaya, al reiterar su disposición de mantener un acercamiento siempre que sea abierto y avalado por el Gobierno.
Uribe recalcó este martes que, por su parte, que "no acepta" treguas entre bandas criminales y subrayó que el único camino que tiene los delicuentes es responder por sus actos ante la Justicia.
"La instrucción nuestra es perseguirlos, derrotarlos, recuperarle plenamente la seguridad a Medellín y por supuesto siempre tienen ofrecida una vía que es el sometimiento a la justicia ordinaria, a la ley ordinaria", aseguró.
Uribe confirmó que autorizó a la Iglesia católica iniciar contactos con bandas criminales en el departamento de Córdoba, en coordinación con el Alto Comisionado para la paz.
En cualquier caso, Pearl dejó claro este miércoles que los miembros de este tipo de bandas que decidan desmovilizarse en ningún caso serán obtendrán beneficios al amparo de la ley Justicia y Paz, aprobada en 2005 para favorecer la desmovilización de guerrilleros y paramilitares.
Pearl dijo a Caracol Radio que los integrantes de las bandas que se sometan a las autoridades, en ningún caso podrán ser beneficiarios de la ley de Justicia y Paz, marco jurídico utilizado para la desmovilización de las autodefensas, pero advirtió que sí podrían ser conbijados con figuras como el principio de oportunidad.
"Si alguien quiere presentarse y someterse a la Justicia bienvenidos... Pero que nunca se piense que la Policía o la Justicia van a dejar de actuar", advirtió.
En el departamento de Córdoba se registraron en 2009 unos 900 asesinatos vinculados a estas llamadas bandas emergentes y en lo que va de año se han contabilizado 40 homicidios, advirtió Vidal, al señalar que estas cifras son argumento suficiente para iniciar el diálogo con los líderes de estos grupos.
LA FALTA DE ACCIÓN CONTRA ESTAS BANDAS
Este anuncio surge días después de que la organización Human Rights Watch (HRW) criticara al Gobierno de Uribe por no abordar con "seriedad" el surgimiento de nuevos grupos armados, considerados los sucesores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que cometen "habitualmente" masacres y extorsiones en las comunidades que tienen bajo su influencia.
"El gobierno de Uribe no ha abordado el surgimiento de los grupos sucesores con la seriedad que merece este problema", advirtió el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, al considerar que "debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los Derechos Humanos en Colombia".