BOGOTÁ, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Álvaro Uribe autorizó hoy mediante el decreto 4436 el indulto a miles de paramilitares desmovilizados a quienes otorgó la condición de 'delincuentes políticos'. El decreto por otra parte excluyó a los autores de 'delitos atroces' o de graves violaciones al derecho internacional humanitario.
Según este decreto los promotores o miembros de grupos paramilitares creados para combatir la guerrilla y que se desmovilizaron antes del pasado 18 de mayo adquirirían la condición de sediciosos. En la citada fecha, la Corte Constitucional sentenció que los paramilitares no pueden ser considerados delincuentes políticos pues no estaban levantados en armas contra el Estado, dice el texto.
Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo explicó hoy que "las sentencias de la Corte no son retroactivas y por eso mientras estuvo vigente la legislación que consideraba sediciosos a los miembros de los grupos paramilitares no involucrados en delitos atroces, pueden acogerse a este beneficio".
El presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba afirmó hoy que el indulto concedido a los desmovilizados puede ser demandado ante el Gobierno --que lo expidió-- o ante el Consejo de Estado por cualquier ciudadano que considere que dicho decreto va contra de la Constitución Política Nacional, informa hoy el diario colombiano 'El Espectador'.
"Esta es una medida altamente controversial", señaló Córdoba, en referencia al decreto que el Gobierno colombiano aprobó ayer miércoles. Según este, cerca de 28 mil desmovilizados podrían solicitar indultos, mientras 2.695 se acogieron a la ley de justicia y paz para confesar sus delitos y obtener sentencias reducidas entre 5 y 8 años de cárcel, incluyendo todos los cabecillas de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusados de matanzas, secuestros, desplazamiento forzado y narcotráfico.
Córdoba opinó, en la emisora Radio Caracol que "no deja de ser preocupante que se dicte este decreto después de la decisión de la Corte, que fue justa, equilibrada y valerosa para hacer serio el proceso de aplicación de la ley de justicia y paz y no dejar en la impunidad delitos graves".
Restrepo explicó que con el decreto el Gobierno busca darle seguridad y solidez política a los desmovilizados acusados del delito de sedición y que no pretende ir en contra del fallo de la Corte.
Por otro lado, el Ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, aseguró que el propósito del Gobierno es "resolver la situación jurídica de miles de desmovilizados no comprometidos en delitos atroces" que dejaron las armas antes de la sentencia de la Corte que eliminó el beneficio de considerarlos sediciosos.
A partir del próximo jueves, está previsto que los cabecillas de los grupos paramilitares comenzarán a confesar sus delitos a la Fiscalía así como para esclarecer lo sucedido en los últimos 25 años en Colombia en su lucha contra la guerrilla que derivó en alianzas delictivas con políticos, legisladores, funcionarios públicos, militares y ganaderos, entre otros.
El más importante de todos es Salvatore Mancuso que tuvo el control político y militar de amplias zonas del nor-occidente de Colombia, quien debe comparecer el martes próximo ante un Fiscal de Medellín.
El anunciado destape total de los jefes paramilitares ha generado enorme expectativa en Colombia pues podría reforzar las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra 12 legisladores, tres de ellos ya encarcelados, acusados de aliarse con estos grupos al margen de la ley para manipular elecciones, hurtar dineros públicos y hasta ordenar matanzas de campesinos.