MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) y una treintena de organismos han criticado este miércoles la decisión de un juez de la capital colombiana de suspender el procesamiento penal contra doce militares acusados de 'falsos positivos' --ejecuciones extrajudiciales de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros--.
"La decisión sienta un precedente preocupante que podría tener como resultado que Colombia viole su obligación de investigar y sancionar sin demoras indebidas las graves violaciones a los Derechos Humanos", han señalado los más de 30 grupos que firman el texto.
El pasado 28 de marzo, un juez de Bogotá se negó a realizar la audiencia de imputación de cargos contra doce exmiembros del Ejército por la desaparición y asesinato de tres jóvenes --uno de ellos, menor de edad-- en 2008, argumentando que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá competencia para abordar el caso. No obstante, la JEP aún no está en vigor.
"Resulta insólito que el juzgado haya pretendido trasladar la competencia a una jurisdicción que no se encuentra en funcionamiento, lo cual en la práctica supone una suspensión por un plazo indeterminado del proceso penal en contra de los presuntos responsables de estos atroces crímenes", han criticado los organismos.
Asimismo, han señalado que se trata de un uso "aparentemente oportunista" por parte de la Justicia para "permitir que los responsables de crímenes atroces eludan la justicia", y han señalado que esta decisión "pone en jaque las esperanzas de una paz justa y duradera".
Los hechos se remontan a 2008, cuando Daniel Alexander Martínez (21 años), Diego Armando Marín Giraldo (21 años) y Jaime Estiben Valencia Sanabria (16 años) fueron trasladados, engañados, desde Soacha hasta zonas rurales de Ocaña, donde fueron asesinados y registrados como 'bajas en combate'.
La semana pasada, otro juzgado en Cundinamarca condenó a 21 soldados por este mismo delito: a 46 años de prisión al coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón Amado y a otros 20 militares a penas de entre 37 y 52 años de prisión por el asesinato de cinco jóvenes. Estas muertes, junto a las anteriores, se conocen como 'los casos de Soacha'.
HRW y el resto de organizaciones han aprovechado para saludar esta sentencia, dictada el pasado 3 de abril por un tribunal distinto.