MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que el Ministerio de Defensa de Colombia planea ascender a cinco oficiales contra los que hay "sólidas pruebas" que les vinculan a 'falsos positivos', como se conocen los casos de civiles asesinados por militares que presentan a sus víctimas como insurgentes caídos en combate para obtener una recompensa profesional.
El Ministerio de Defensa publicó el pasado 27 de octubre las hojas de vida de los candidatos a ascensos, que incluyen al general de Brigada Francisco Javier Cruz, que se convertiría en mayor general, y los coroneles Mauricio José Zabala , Miguel Eduardo David, Óscar Reinaldo Rey y Raúl Hernando Flórez, que pasarían a generales de Brigada.
Ricci está siendo investigado por la muerte de dos civiles en 2004 cuando comandaba el Batallón Especial Energético, mientras que Bastidas es objeto de otra pesquisa por los 'falsos positivos' cometidos entre 2004 y 2005 cuando era el segundo comandante del Batallón Jorge Eduardo Sánchez y Zabala y Rey están investigados por decenas de casos similares ocurridos a manos del Batallón Popa de la Décima Brigada del Ejército entre 2003 y 2005 cuando ocupaban "cargos clave".
"Cada uno de estos cinco militares goza de presunción de inocencia pero ascender a oficiales mientras están siendo investigados sería una señal de que las autoridades colombianas no tienen un compromiso serio por garantizar Justicia en los casos de 'falsos positivos'", ha dicho el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, en un comunicado.
Para Vivanco, "en lugar de enviar un mensaje contundente de que ha superado la oscura etapa de los 'falsos positivos', el Ministerio de Defensa mancha la reputación de las Fuerzas Armadas al intentar ascender a oficiales contra quienes existen denuncias serias".
La ONG ha instado al Senado, encargado de rechazar o confirmar a los candidatos, a "frenar los ascensos de todos los militares sobre quienes haya evidencias creíbles de que estén implicados en graves abusos, hasta tanto esos señalamientos se investiguen de manera completa y adecuada".
FALTA DE TRANSPARENCIA
Además, ha reprochado al Ministerio de Defensa que, a pesar de que con la publicación de las hojas de vida de los candidatos a un ascenso en la carrera militar, pretende fomentar la transparencia en el seno de la institución castrense, ha omitido información relevante.
En el caso de Bastidas, "omite que fue el segundo comandante del Batallón Jorge Eduardo Sánchez, a pesar de que él reconoció que ejerció ese cargo cuando rindió indagatoria ante los fiscales en septiembre de 2017", según una transcripción de la audiencia a la que ha tenido acceso Human Rights Watch.
"El Ministerio de Defensa consideró importante divulgar la fecha en que contrajo matrimonio un oficial postulado, pero omitió señalar que este coronel desempeñó un rol de mando en una unidad del Ejército que habría sido responsable de una gran cantidad de asesinatos", ha criticado Vivanco.
"En lugar de impedir que asciendan soldados vinculados con ejecuciones de falsos positivos que todavía se encuentran bajo investigación, el Ministerio de Defensa parece estar ocultando información clave sobre el presunto rol de estos oficiales en delitos atroces", ha añadido.
FALSOS POSITIVOS
Los casos de 'falsos positivos' son la principal tacha de las fuerzas colombianas en la lucha contra los grupos armados que operan en el país. La ONG ha recordado que estas ejecuciones extrajudiciales de civiles se cometieron de forma sistemática entre 2002 y 2008.
Cientos de soldados, la mayoría de bajo rango, han sido condenados por estos casos. Sin embargo, las investigaciones contra altos mandos apenas han avanzado y eso les ha permitido ascender en las Fuerzas Armadas. Tres de las diez divisiones del Ejército están actualmente al mando de militares sospechosos de 'falsos positivos', ha indicado.
Las investigaciones de HRW "han demostrado que los patrones en los casos de 'falsos positivos' --incluido su carácter sistemático y las circunstancias implausibles de muchas de las supuestas muertes en combate-- sugieren de manera clara que los comandantes sabían o deberían haber sabido sobre estos crímenes".
La ONG ha recordado que, en todo caso y como poco, "los comandantes son penalmente responsables, conforme al Derecho Internacional, si sabían o deberían haber sabido que los soldados bajo su control efectivo estaban cometiendo delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos".