MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Procuraduría de Colombia ha inhabilitado para ostentar cargos públicos durante los próximos diez años a la que fuera congresista por el Partido Conservador, Aída Merlano, detenida en Venezuela, debido a una trama de corrupción política a través de la cual habría comprado votos para intentar llegar al Senado en 2018.
Merlano, explica el fallo de la Procuraduría, "desplegó toda una serie de actividades que engranaron el andamiaje para corromper las elecciones del 11 de marzo de 2018, pagando a los ciudadanos por los votos en favor de las aspiraciones políticas que tenía al Senado de la República".
Por estos hechos, Merlano ya había sido condenada por el Supremo en septiembre de 2019 a once años de prisión, acusada de corrupción, concierto para delinquir y posesión ilegal de armas.
Sin embargo, apenas un mes después protagonizó una fuga de película. Aprovechando una visita a una clínica dental de Bogotá, saltó por una ventana y huyó en una moto que la estaba esperando. Desde entonces estaba en paradero desconocido hasta que fue apresada en Venezuela a finales de enero de este año.
Una vez en territorio venezolano aseguró ante un tribunal de Caracas estar siendo víctima de una persecución por parte del propio presidente de Colombia, Iván Duque, puesto que dispone de pruebas suficientes para hacer "caer" a varias figuras destacadas de la clase política de su país.
"Estoy siendo perseguida por el presidente de mi país, quieren asesinarme", dijo Merlano, quien contó cómo su exmarido Julio Gerlein, miembro de una de las castas políticas más influyentes de Colombia, y el senador por Cambio Radical, Arturo Char, colaboraron en su fuga, pero con el objetivo de asesinarla.
De acuerdo con Merlano, ella se convirtió en "objetivo militar" de estas dos familias tras haber sido testigo de todos los movimientos financieros de ambas en la región Caribe, la cual, ha dicho, está bajo el control de los Gerlein y los Char.
Ya en 2018, Merlano había perdido su investidura al sobrepasar los límites de financiación electoral, después de que las autoridades confirmaran que había gastado 1.730 millones de pesos (unos 416.000 euros), cifra que superaba ampliamente el máximo legal permitido, 884 millones de pesos (212.000 euros).
COMPRA DE VOTOS EN EL CARIBE COLOMBIANO
Las sospechas sobre una supuesta compra de votos en varias regiones del Caribe colombiano en favor del presidente Duque están siendo ya investigadas desde hace tiempo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Colombia.
A finales de septiembre, el TSJ anunció que mantendría la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que le relaciona con una operación de compra de voluntades políticas en 2018 durante la segunda vuelta electoral que propició la victoria de Duque.
Se trata de una trama en la que también habría participado el ganadero ya finado y supuesto narcotraficante Guillermo 'Ñeñe' Hernández, así como de una de las antiguas ayudantes de Uribe en el Congreso, María Claudia Daza.
Según unas grabaciones telefónicas a las que tuvieron acceso las autoridades, Hernández y Daza habrían urdido la supuesta compra de votos durante la segunda vuelta electoral que enfrentaba a Duque con el candidato socialdemócrata Gustavo Petro.
"Nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar plata para pasar bajo la mesa y soltarla en los departamentos", afirmó Hernández, quien lamentó no disponer esta vez del dinero "que se robaron de Vargas Lleras", en referencia al que fuera vicepresidente Germán Vargas Lleras durante parte del mandato de Juan Manuel Santos.
Uno de esos departamentos sería el de La Guajira, en las costas del mar Caribe, tal y como 'Ñeñe' Hernádez aseguraba en los audios que se destaparon al nombrar a "Iván" y a "Uribe" como responsables de haberle enviado a las ciudades de Manaure, Uribía, Riohacha y Maicao para "ganar" en esa región.