MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Iván Duque, se ha pronunciado este jueves sobre la recién aprobada ley de seguridad ciudadana, que ha sido ratificada por el Senado esta semana, y ha defendido su aplicación por la reincidencia criminal, el vandalismo y la tenencia de armas en el país.
"Creo que los colombianos estamos cansados de la reincidencia criminal. Se capturan criminales, miles de criminales. A los pocos días están libres o, después, salen y reicinden, y les vuelven a dar el mismo tratamiento como si fuera la primera vez. No señor. Estamos poniendo sanciones ejemplares cuando hay reincidencia", ha defendido Duque en una rueda de prensa posterior a su visita a la Base Aérea de Tolemaida, en el centro del país.
Asimismo, se ha referido a la prohibición de portar armas que se contempla en la ley: "Estamos limitando al máximo las armas y defendiendo el principio del monopolio de las armas en cabeza de la Fuerzas Públicas", ha dicho.
Con respecto a las críticas, el mandatario colombiano ha respondido a la oposición con una frase: "Les gusta ser contemplativos y generosos con los criminales", y ha recordado que la medida ha sido aprobada "por una mayoría aplastante" en el Congreso.
"Estamos siendo duros frente al vandalismo y la destrucción de las infraestructuras públicas. ¿Cómo que quemar un bus no es un acto criminal?", ha reprochado Duque. Asimismo, ha dicho que "el que atenta contra la vida, honra, bienes y derechos de los colombianos le corresponde una sanción ejemplar".
También ha anunciado que esta ley va a reforzarse con "un nuevo estatuto disciplinario de la Policía Nacional", una reforma que va a dotar a las Fuerzas Públicas "de todas las herramientas de legalidad para enfrentar con contundencia el crimen organizado en nuestro país".
El Senado de Colombia dio luz verde al proyecto de ley esta semana, que fue aprobado por la Cámara de Representantes con un amplio rechazo de la oposición. Varios miembros repudiaron el proyecto por encontrar inconsistencias y aseguraron que se trataba de "populismo punitivo", y hasta de "autoritarismo" en contra de quienes deciden salir a las calles a protestar, según recogieron los medios locales.
"Esta iniciativa ha sido aprobada con premura. Contiene varias disposiciones que afectan al derecho de reunión y asociación (...). El articulado pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social. Se centra en aumentar las penas para actividades relacionadas con la protesta y fortalece acciones de autodefensa, bajo el concepto de 'legítima defensa privilegiada' que recuerda a las estrategias de las 'convivir' (cooperativas de vigilancia), antesala legal del paramilitarismo", criticó el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA).
La ley contempla, en concreto, la legítima defensa en propiedades privadas, aunque se excluyen los establecimientos comerciales. Además, la violencia se podría usar cuando una persona accede de manera violenta a una vivienda.
También aumentan las penas por atentar contra infraestructuras que aseguran la seguridad ciudadana, como las administraciones ligadas a Justicia, el sistema de transporte, las instalaciones militares o las de la Policía. Asimismo, se aplicará una subida de las penas para aquellos ciudadanos que oculten sus rostros o dificulten el reconocimiento visual, según recogió Caracol Radio.
"¿Saben que demuestra el proyecto de seguridad del gobierno? Que siempre han creído en el paramilitarismo", dijo en las redes sociales el precandidato presidencial por el progresista Pacto Histórico, Gustavo Petro, a lo que el ministro de Interior, Daniel Palacios, le replicó: "La seguridad es sinónimo de paramilitarismo". Además, le llamó "irresponsable".
Palacios defendió la medida y aseguró que "evitará la impunidad y castigará al delincuente": "Dará mayor capacidad a nuestros fiscales y Policía Nacional para actuar en ciertos escenarios", dijo a Blu Radio.
Durante las protestas de abril contra el presidente del país, Iván Duque, en las que participaron sectores de la sociedad civil, sindical, estudiantil y la oposición política, el papel de las fuerzas de seguridad fue ampliamente criticado tanto dentro como fuera de Colombia por la violencia desmedida ejercida contra los manifestantes, motivando incluso una visita de una delegación de la CIDH.
Este mismo mes, un informe de la ONU en el que en el que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recoge medidas para evitar la violencia policial, concluyó que la Policía colombiana fue responsable de la muerte de 28 personas en el marco de las protestas que protagonizaron el paro nacional.