BOGOTÁ, 13 Ago. (Reuters/EP) -
El comandante del Ejército de Colombia, el general Mario Montoya, solicitó ayer a la Fiscalía General que lo investigue después de que un desmovilizado paramilitar lo acusase de haber entregado armas y un vehículo a un fallecido jefe de los escuadrones ilegales.
Se trata del más reciente escándalo en que se ve implicado el jefe militar, después de que hace una semana un vídeo confirmase que uno de los oficiales del Ejército que participó en el rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y 11 efectivos de las Fuerzas Armadas, usó una prenda con el emblema de las Cruz Roja Internacional.
"Esta es una infamia total, es una falsedad total y por ello le he solicitado ahora mismo al señor Fiscal General de la Nación que se me adelante la investigación correspondiente para establecer toda la verdad respecto a esta falsa imputación", dijo Montoya a los periodistas.
El desmovilizado Luis Adrián Palacio, alias "Diomedes," declaró ante una fiscal de Medellín que en 2002, cuando Montoya se desempeñaba como comandante de la cuarta brigada con sede en esa ciudad, le regaló una camioneta que en su interior transportaba 7 fusiles a Carlos Mauricio García, alias "Doble Cero", un asesinado comandante paramilitar.
Palacio aseguró que entre Montoya y "Doble Cero", muerto a balazos en mayo del 2004 en medio de una disputa entre paramilitares, existía una amistad y que incluso el actual comandante del Ejército lo recibió en una ocasión cuando llegó en forma clandestina a Medellín.
MUERTE DE UN PARAMILITAR IMPLICADO
García dirigió un bloque paramilitar que hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), confederación de la que se separó al denunciar la penetración del narcotráfico, y por la que fue derrotado en medio de una disputa militar que dejó varios muertos en el noroeste del país.
Posteriormente, las AUC desmovilizaron a más de 30.000 combatientes, mientras que sus principales jefes acusados de asesinatos, masacres, secuestros y narcotráfico, fueron encarcelados en medio de una negociación de paz con el Gobierno del presidente Alvaro Uribe.
Pero el mandatario extraditó en mayo a la cúpula de la antigua confederación paramilitar acusándola de incumplir los acuerdos de paz y de continuar sus actividades ilegales desde la prisión. Los extraditados desmovilizados paramilitares enfrentan cargos por narcotráfico ante cortes de Estados Unidos, el principal aliado de Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas y los grupos armados ilegales como la guerrilla izquierdista.
Los paramilitares de ultraderecha, acusados de masacrar a miles de civiles y de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno, surgieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por terratenientes, ganaderos, comerciantes y narcotraficantes para defenderse de los ataques de la guerrilla. Históricamente grupos de Derechos Humanos denunciaron nexos y apoyos de algunos oficiales del Ejército a los paramilitares.