MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Justicia Especial para la Paz (JEP) ha acusado este martes a la Fiscalía colombiana y a Estados Unidos de negarse a entregar pruebas en el caso del antiguo jefe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Seuxis Paucias Hernández, alias 'Jesús Santrich', a quien fue denegada la extradición a Estados Unidos en 2019 después de que este mismo tribunal considerara que no existían evidencias claras de que los delitos de los que se le acusaba se hubieran producido después de la firma de los acuerdos de paz en 2016.
El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, ha asegurado en una rueda de prensa extraordinaria que "el fiscal general de la nación de la época --Néstor Humberto Martínez-- entregó, de manera informal, una memoria USB", que contenía "unos audios obtenidos dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández".
Las declaraciones son una reacción a la publicación del diario 'El Espectador' de 24.000 audios que vinculaban a 'Santrich', así como a Luciano Marín Arango, más conocido como 'Iván Márquez', a operaciones de lavado de dinero y narcotráfico, y que estaban en manos de la Fiscalía y del Gobierno de Estados Unidos, pero no fueron entregados a la JEP.
Los audios fueron interceptados a Marlon Marín, sobrino de Márquez, que fue arrestado en 2018 por delitos relacionados con este mismo caso.
La información proporcionada por el entonces fiscal "no contaba con informe de analista de línea, órdenes de interceptación de comunicaciones, cadena de custodia, ni actas de legalización de control posterior o control previo", ha denunciado Cifuentes.
Además, ha añadido, a la JEP solo se le proporcionar 12 audios, de los 24.000 existentes, a pesar de las reiteradas peticiones del tribunal especial para la entrega de todo el material disponible y del expediente completo de 'Santrich'.
No obstante, parece que la Fiscalía sí proporcionó material a los medios de comunicación, ya que según Cifuentes, "distintos medios de comunicación exhibieron videos (sin audio) que, se entiende, fueron suministrados por la Fiscalía General, en tanto tiene el rótulo de esa entidad".
Esos videos tampoco fueron entregados a la JEP "bajo el argumento de que los expedientes de extradición no contienen pruebas, sino que estas las tiene el país requirente", ha puntualizado Cifuentes.
En este sentido, también ha criticado que, en referencia a Estados Unidos, "la oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía apenas aportó algunos registros de audio, las actas de control previo y posterior ante jueces, pero correspondientes a una investigación distinta a la que había contra 'Santrich'".
Por su parte, Humberto Martínez ha considerado en un comunicado emitido tras la rueda de prensa de la JEP que esta se "extralimitó en sus funciones" y ha denunciado que "desde el primer momento la JEP mostró su hostilidad al procedimiento de extradición en cuestión, intentando incluso desconocer competencias de la Fiscalía, y a pesar de tener en su poder evidencias de que el delito se había cometido con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz".
'Santrich' fue liberado en 2019 ya que no se pudieron probar delitos posteriores al 2016. Tras su puesta en libertad, y junto a otros líderes destacados del alto mando de las extintas FARC, como 'Iván Márquez', Hernán Velásquez, alias 'El Paisa', o Henry Castellanos, también conocido como 'Romaña', anunció en agosto de 2019 su retorno a la lucha armada debido a los incumplimientos de los acuerdos de paz.
CONTROL POLÍTICO EN EL SENADO
Desde la publicación de los mencionados audios por 'El Espectador', la oposición se había mostrado critica con el papel de la Fiscalía en el proceso, que entendieron como un intento de atacar el proceso de paz contra la ya disuelta guerrilla.
Ante este malestar, este martes varios senadores opositores han presentado una citación para un control político al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, con la intención de que respondan por la presunta negligencia en la entrega de pruebas en el caso de 'Santrich'.
La citación también va dirigida al fiscal Franciso Barbosa, al procurador Fernando Carrilo y al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes.
El texto de este emplazamiento cuestiona a los citados si desde la Fiscalía se "están realizando montajes para acabar con el proceso de paz", y si 'Santrich' e 'Iván Márquez' fueron "inducidos a un entrampamiento" con el fin de acabar con el acuerdo de paz.
También aborda la posible desaparición de varios audios y si el objetivo del actuar de la Fiscalía era "desprestigiar y generar información", entre otras prerrogativas relacionadas con el caso de 'Santrich'.