Archivo - December 10, 2021, Bogota, Cundinamarca, Colombia: The Special Jurisdiction for Peace (JEP) logos seen moments before a press conference at the Special Jurisdiction for Peace (JEP) after 21 members of the army including a general accept their re - Chepa Beltran / Zuma Press / Europa Press
MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, el tribunal surgido de los acuerdos de 2016 con las extintas FARC, ha advertido este viernes de que los recortes aplicados por la nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella, ha mermado las medidas de seguridad de magistrados, testigos y víctimas.
El nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas, ha afirmado que en estos momento él no dispone de ningún servicio de escoltas y ha remarcado "la parte más dolorosa y difícil" son los recortes que han afectado a la seguridad de víctimas y testigos.
"Hacemos un llamamiento al Gobierno para que asuma la tarea de la protección de este sector", ha apelado Rojas en una entrevista para Caracol Radio, en la que ha explicado que los recortes responden a las tensiones políticas derivadas de un acuerdo de paz de 2016 que no logró el respaldo social tras someterlo a plebiscito.
Con todo, Rojas ha asegurado que este reajuste presupuestario no impedirá al tribunal realizar su trabajo. "Vamos a hacer recortes en donde haya que hacerlo, pero no reducir la actividad judicial central de la JEP", ha dicho en otra entrevista para Blu Radio, en la que ha adelantado que antes de final de año se presentará una veintena de nuevas imputaciones, un anuncio que coincide con los recientes cargos presentados contra altos mandos de las FARC.
Como parte del plan de austeridad del presidente De la Espriella, se estima un recorte para la JEP de hasta 170.000 millones de pesos (47,1 millones de euros). Entre las decisiones está trasladar la sede del tribunal a un inmueble mucho más pequeño, recortar en personal y establecer más teletrabajo.
Crítico acérrimo de la JEP, a su llegada a Casa Nariño, De la Espriella prometió poner fin al "despilfarro" de la anterior administración y anunció que se desharía además unos 230 cargos públicos, entre ellos el de Alto Comisionado para la Paz, en línea con su política de seguridad, que cierra la puerta a cualquier tipo de negociación con los grupos armados si no es para su rendición inmediata.