MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado a las autoridades colombianas tomar medidas para proteger a los excombatientes de la disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debido a que desde la firma del Acuerdo de Paz más de 250 de ellos han sido asesinados.
"No son suficientes los esfuerzos del Gobierno Nacional, y de otras entidades del Estado, para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las FARC", ha lamentado la JEP, que ha ordenado a los ministerios de Defensa y del Interior, así como al comisionado de Paz, el consejero Presidencial para la Estabilización, a la Fiscalía y a otras entidades adoptar acciones de forma urgente.
La jurisdicción también ha recordado que "la muerte de cada compareciente priva a las víctimas de materializar sus derechos a la verdad plena, participar de las audiencias de reconocimiento y saber el lugar dónde se encuentran los restos de sus seres queridos".
De este modo, tras diez meses desde que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP comenzó a analizar las medidas cautelares para proteger a los excombatientes, se ha determinado que "se cumplen los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad para impartir estas órdenes", informa el medio colombiano 'El Tiempo'.
Así, la JEP ha instado a la Procuraduría General a fortalecer la monitorización y el seguimiento de la eficacia y resultado de las alertas tempranas que se emiten para mitigar estos hechos.
Además, ha demandado al Ministerio de Defensa apoyo para que la Fiscalía pueda continuar con las investigaciones judiciales al respecto en zonas donde no se le ha permitido trabajar debido al riesgo de seguridad.
También se ha requerido al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, que en 15 días envíe a la JEP las pautas del plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales y se ha ordenado que la Defensoría del Pueblo refuerce el Sistema de Alertas Tempranas.
Por último, se ha exigido que el Ministerio del Interior implemente indicadores de seguimiento a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a Alertas Tempranas y que mejore su respuesta institucional ante los casos de riesgo.
Mediante las órdenes también se ha llamado a la Unidad Nacional de Protección a que ejecute la totalidad de medidas para proteger a los exguerrilleros, mientras la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía tendrá que informar sobre el progreso en las investigaciones de 19 exmiembros de las FARC asesinados después de haber recibido amenazas.
Por último, las órdenes de la JEP han incluido la demanda al Consejo Superior de la Judicatura para que informe mensualmente sobre los procesos guardados en sus bases de datos sobre delitos cometidos contra exguerrilleros desde diciembre de 2016.
"AUSENCIA DE RESPUESTA PRONTA"
En este contexto, la JEP ha criticado que en la Defensoría del Pueblo no se ha establecido un área que coordine la garantía de derechos de los excombatientes de las FARC y ha señalado que "hay un bajo nivel en el acatamiento de las recomendaciones que hace la entidad al Ministerio del Interior".
"Tampoco hay acciones judiciales o disciplinarias interpuestas ante las autoridades que busquen asegurar el cumplimiento de las competencias de las entidades del Gobierno en materia de protección de excombatientes", ha añadido.
En la misma línea, ha apuntado a que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía solo recoge 33 sentencias por homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de los exguerrilleros, cuando son 280 los procesos iniciados. En el caso de las amenazas, se han expedido siete sentencias de 251 investigaciones.
"Persiste la desarticulación, ausencia o escasez de respuesta pronta y eficaz por parte de las autoridades competentes", ha aseverado la JEP.