MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado este jueves reactivar las órdenes de captura contra Léider Johany Noscué Baloto, alias 'Mayimbú', el jefe de las disidencias de las FARC en el departamento colombiano de Cauca (suroeste), tras expulsarlo de la justicia transicional creada por el acuerdo de paz.
La JEP ha explicado en un comunicado que, tras una investigación que comenzó el pasado 12 de septiembre a petición del Ministerio de Defensa, "resulta plenamente probado el incumplimiento grave de Noscué Bototo a su compromiso de abandonar las armas y renunciar al conflicto armado tras la firma del acuerdo de paz".
En concreto, se ha referido a las denuncias indígenas, según las cuales "'Mayimbú' está reincidiendo en actividades delictivas al comandar grupos armados de disidencias de las FARC (...) al ordenar amenazas, asesinatos y ataques" contra indígenas y comuneros y "al entrar en combate con otros grupos armados dentro de los territorios ancestrales".
En consecuencia, "la JEP decidió excluir de esta jurisdicción a Noscué Baloto por incumplir gravemente el régimen de condicionalidad, gracias al cual gozaba de beneficios y garantías judiciales".
"La exclusión de la JEP implica la pérdida de todos los beneficios y garantías otorgados en virtud del marco normativo que desarrolló el acuerdo de paz, incluidas la suspensión y cancelación de órdenes de captura, las amnistías, los indultos y las libertades", ha explicado.
"Por lo anterior, se reactivan las órdenes de captura en contra de Noscué Baloto y pierde todos los beneficios jurídicos que habría recibido", ha anunciado la justicia transicional.
En los tres años que han transcurrido desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, la JEP solo ha expulsado a seis personas --contando con 'Mayimbú'--, entre ellos el que fuera 'número dos' de las FARC 'Iván Márquez' y el alto cargo 'Jesús Santrich'.
La JEP ofrece sanciones alternativas y penas de prisión de hasta cinco años en el caso de que los ex guerrilleros y demás actores implicados en el conflicto armado confiesen sus crímenes. Para quienes se nieguen a aportar verdad pero se mantengan fuera de la lucha armada plantea hasta 20 años de prisión.
La justicia transicional es uno de los aspectos más polémicos del acuerdo de paz negociado por el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. El nuevo Ejecutivo de Iván Duque ha expresado su deseo de modificar la JEP y otros aspectos esenciales de los textos de La Habana, como la participación política de los ex guerrilleros.