MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Bogotá ha rechazado la solicitud presentada este lunes por la defensa del expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), condenado a doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, pidiendo la suspensión de la pena y su puesta en libertad inmediata.
El juez de la Sala Penal de esta corte Leonel Rogeles ha decidido "no decretar la medida provisional solicitada" por el abogado del exmandatario, Jaime Enrique Granados, alegando que la petición "no cumple los estándares de urgencia, necesidad, (e) impostergabilidad", y ha advertido en su escrito de que no cabe posibilidad de recurrir esta resolución.
El magistrado ha considerado además que el dictamen de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda es correcta, precisando que no ha hallado "ninguna irregularidad" alguna en la pena contra Uribe, que el pasado viernes lo condenó a doce años de arresto domiciliario, una inhabilitación de más de ocho años y una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros).
Rogeles ha emitido su auto después de que la defensa del expresidente colombiano haya pedido al Tribunal de Superior de Bogotá su libertad inmediata hasta que resuelva el recurso presentado contra la sentencia, al considerar que ésta supone una "grave violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de" su cliente.
Heredia dictó sentencia condenatoria contra Uribe, que ha negado en todo momento los hechos alegando ser víctima de una persecución política, tras considerar probado que el exmandatario instigó a emisarios para que manipularan a testigos en las cárceles del país con el objetivo de favorecerse con sus testimonios. Según la investigación, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer beneficios a varios exparamilitares para cambiar su versión sobre supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.
El caso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.