BOGOTÁ, 18 Oct. (Reuters/EP) -
Las madres de jóvenes y adolescentes que aseguran que sus hijos han sido asesinados por soldados del Gobierno durante el conflicto colombiano, han pedido este jueves respuestas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mientras el país investiga las atrocidades de Derechos Humanos cometidas durante su guerra.
La guerra de cinco décadas en Colombia enfrentó a los rebeldes izquierdistas contra las fuerzas gubernamentales y los grupos paramilitares de derecha. Según cifras del Gobierno, alrededor de 200.000 personas fueron asesinadas, 7,7 millones desplazadas y 60.000 registradas como desaparecidas.
Un acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estableció un tribunal de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que investiga crímenes de guerra.
Los objetivos de la JEP incluyen descubrir lo que sucedió durante la guerra de Colombia y llevar a juicio a los líderes de las FARC y a los militares estatales acusados de abusos contra los Derechos Humanos.
Con camisetas con fotos de sus hijos desaparecidos y carteles en las paredes del tribunal de Bogotá, una decena de madres y otros familiares han descrito sus largos intentos por hacer justicia ante tres jueces.
"Quiero saber la verdad sobre lo que le sucedió a mi hijo, quién lo hizo y por qué. ¿Quién se lo llevó?", ha señalado Beatriz Méndez, cuyo hijo de 19 años y un sobrino desaparecieron en 2004. "He estado esperando más de una década para que se haga justicia", ha aseverado.
Los abusos contra Derechos Humanos se encuentran entre los llamados escándalos de "falsos positivos" que sacudieron a Colombia a finales de la década de 2000, cuando se descubrió que el Ejército mató a civiles y luego aseguraron que eran guerrilleros muertos en combate para elevar la cifra de víctimas.
Algunos oficiales acusados de participar han comparecido ante la JEP, mientras que decenas de soldados y oficiales han sido condenados por crímenes relacionados con el escándalo desde 2008 y ahora están en prisión. Decenas más han sido retirados de sus cargos.
La oficina del fiscal general de Colombia también está investigando alrededor de 2.300 casos similares de presuntos asesinatos extrajudiciales a jóvenes de barrios marginales de Bogotá, algunos de apenas 16 años, a los que se les prometía trabajo.
"Nuestro deber es llegar a los más responsables", ha indicado la juez Catalina Díaz en la audiencia.
SENTENCIAS REDUCIDAS
El acuerdo de paz permite que los exrebeldes y otros que se entreguen reciban penas reducidas y eviten entrar en prisión si confiesan crímenes y pagan a las víctimas, incluidas las incautaciones de tierras y propiedades.
Aquellos que admitan crímenes de guerra serán condenados a cinco u ocho años de "castigo alternativo". Lo que eso significará en realidad sigue sin estar claro, pero las opciones podrían incluir servicio comunitario, libertad restringida o arresto domiciliario.
Aquellos que no confiesen ni acepten su responsabilidad y sean declarados culpables podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión.
El acuerdo de paz ha sido criticado por algunos colombianos que exigen sanciones más severas y condenas de prisión para los miembros de las FARC. Sin embargo, el juez Iván González subrayó que la JEP busca que las víctimas conozcan la verdad sobre lo que sucedió y reciban indemnizaciones.
Además de los asesinatos extrajudiciales, los jueces están analizando miles de testimonios de víctimas e investigando casos concretos como los más representantivos de las atrocidades, incluidos el secuestro y reclutamiento de niños como combatientes en las filas de las FARC.
"En el caso del reclutamiento de niños tenemos 8.800 casos, por lo que investigar esto realmente lleva mucho tiempo", ha advertido González, quien ha añadido que espera que la JEP pueda construir un caso sobre el uso de la violencia sexual por parte de los rebeldes de las FARC y estudiar si la guerrilla utilizó la violación como arma de guerra.