Actualizado 17/12/2013 21:57

Colombia.- El Ministerio de Defensa niega que haya "vicios de trámite" en el Fuero Militar


BOGOTÁ, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, ha sostenido que la reforma del Fuero Militar no tiene "vicios de trámite", tal y como ha argumentado la Corte Constitucional para declarar esta norma jurídica contraria a la Carta Magna.

"No es cierto que se desarrollaran simultáneamente los debates en la comisión primera de la Cámara de Diputados y en el pleno", ha dicho, refutando el principal argumento del alto tribunal, según ha informado el diario colombiano 'El Espectador'.

Pinzón ha defendido que el debate parlamentario del Fuero Militar ha sido uno de los que se ha desarrollado con mayor rigor. "No solo ha sido uno de los que más horas ha durado, sino que está estrictamente y cuidadosamente analizado", ha recordado.

Así, ha celebrado la decisión del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de solicitar la nulidad de la sentencia dictada por la Corte Constitucional contra el Fuero Militar. "Con esta decisión muestra su respaldo a los miembros de la Fuerza Pública", ha valorado.

El ministro de Defensa ha considerado que el recurso de nulidad tiene posibilidades de éxito porque "los expertos jurídicos del Gobierno han concluido que hay base legal para hacerlo". "Se ha determinado que no hay forma de probar la simultaneidad en los debates parlamentarios", ha detallado.

FALLO DEL CONSTITUCIONAL

El pasado 23 de octubre, la Corte Constitucional tumbó la reforma del Fuero Militar promovida por el Gobierno y que pretendía que cualquier delito cometido por personal de las fuerzas de seguridad fuera juzgado por la justicia militar.

En su sentencia, aprobada por cinco votos a cuatro, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró "inexequible", es decir, inaplicable, el acto por medio del cual el Congreso colombiano modificó el fuero militar, ya que considera que se produjeron una serie de vicios en su aprobación.

En su lectura del veredicto, el magistrado Jorge Iván Palacio aclaró que el acto legislativo no será devuelto al Congreso para que lo corrija, ya que se considera que los "vicios de trámite" en los que se incurrió no pueden ser reparados.

El alto tribunal determinó que los vicios registrados conllevaron que se desconocieran los principios constitucionales de la participación de las minorías, pluralismo y en general de la calidad del debate parlamentario.

Como consecuencia de este fallo, deberá ser la Judicatura la que tenga que seguir dirimiendo los conflictos de competencia, determinando qué casos son juzgados por la justicia militar y cuáles por la ordinaria.

CRÍTICA INTERNACIONAL

El pasado 12 de diciembre, el Congreso colombiano dio luz verde al Fuero Militar tras meses de debate parlamentario en los que el proyecto de reforma constitucional sufrió numerosos cambios, a pesar de las voces nacionales e internacionales que han clamado en su contra.

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, ha advertido de que la reforma constitucional sobre el Fuero Militar es "incompatible" con los estándares interamericanos de Derechos Humanos.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, ha solicitado al Gobierno y al Congreso colombianos que "reconsideren" su apoyo al Fuero Militar porque podría "dañar gravemente los esfuerzos para que las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por policías y militares sean investigadas y llevadas ante la justicia".

La organización internacional ha explicado que en virtud de la reforma constitucional los crímenes de guerra y las detenciones arbitrarias realizados por la Policía o las Fuerzas Armadas serán investigadas y juzgadas en instancias militares, "con el consiguiente riesgo de impunidad".

En concreto, ha denunciado que con el Fuero Militar la primera fase de cada investigación, la esencial para clarificar los hechos e identificar a los sospechosos, se desarrollará en instituciones judiciales dirigidas por militares o policías, en lugar de un órgano independiente dentro de las instituciones judiciales civiles.