BOGOTÁ, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los colombianos han tumbado este domingo el acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras más de cuatro años de negociaciones, un escenario no previsto por las partes que arroja incertidumbre sobre el camino a seguir.
Según datos de la Registraduría Nacional, con el 99,98 por ciento del escrutinio completado, 50,21 por ciento de los colombianos optón por el 'no' frente al 49,78 por ciento que dijo 'sí', una diferencia real de 53.894 votos.
La abstención se situó en el 62,6 por ciento --solo votaron 13 de los 33 millones de colombianos habilitados para ello--, la más alta de los últimos 20 años, sin embargo, el umbral mínimo estaba fijado en el 13 por ciento, por lo que el plebiscito es plenamente válido.
Estos resultados evidencian la polarización de la opinión pública en torno a un proceso de paz que ha suscitado fuertes discusiones políticas desde sus inicios, tanto por la propia negociación como por el contenido de los acuerdos parciales.
Por ello, conscientes de que cualquier acuerdo de paz requeriría para su implementación el respaldo de la sociedad colombiana, Gobierno y FARC se comprometieron a someter al dictado de las urnas el resultado de la mesa de negociaciones.
Pero no contemplaron la posibilidad de que los colombianos se decantaran por el 'no'. En las 297 páginas que componen el acuerdo de paz, no hay ni una sola previsión a este respecto. Las partes confiaban ciegamente en que obtendrían el 'placet' de la ciudadanía.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, admitió un mes antes de que se celebrara el plebiscito que no había "plan B" por si ganaba el 'no', algo que entonces calificó de "catastrófico". "Yo estoy seguro de que va a ganar el 'sí'", afirmó.
PAPEL MOJADO
La consecuencia clara del triunfo del 'no' es que el acuerdo elaborado por las delegaciones de paz del Gobierno y las FARC carece de efecto jurídico porque las partes quisieron condicionar su vigencia al 'sí' de los colombianos.
Sin embargo, el acuerdo comenzó a aplicarse antes de que la negociación estuviera completamente cerrada, también por deseo de las partes que, según explicaron, pretendían hacer llegar a Colombia los efectos de una futura paz.
Así, por ejemplo, hace meses que Gobierno y FARC colaboran en la búsqueda de los desaparecidos por el conflicto armado y en el desminado del territorio colombiano, si bien de forma embrionaria, a la espera de que se conformen las unidades específicas que prevé el acuerdo.
El alto en fuego "bilateral y definitivo" entró en vigor la medianoche del 29 de agosto, fecha en la que muchos guerrilleros de las FARC emprendieron ya el camino hacia las zonas de concentración, que comenzarían a funcionar a pleno rendimiento tras el plebiscito.
Además, el desarme de las FARC debía llevarse a cabo a través de un cronograma cuyo punto de partida era el "día D", el día de la firma del acuerdo de paz, el pasado 26 de septiembre, de modo que ya se habían iniciado las gestiones para que la guerrilla entregara sus arsenales.
LA PALABRA COMO ARMA
Las FARC han aclarado que, a pesar de la derrota del 'sí' --"obra del poder destructivo de los que siembran odio y rencor"--, no volverán al campo de batalla, prometiendo "usar solamente la palabra como arma de construcción para el futuro del país".
"Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere mas fuertes para construir la paz estable y duradera. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros", ha dicho la guerrilla en un breve comunicado.
Santos ha subrayado igualmente que "el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue y seguirá vigente" y ha confiado en que la paz todavía es posible. "Seguiré buscándola hasta el último minuto de mi mandato", ha sostenido en una comparecencia desde la Casa de Nariño.
Incluso el ex presidente Álvaro Uribe, principal activo de la campaña por el 'no'", ha declarado que "hay un elemento común" en el sentir de los colombianos que han participado en el plebiscito, independientemente de la opción que hayan apoyado: "todos quieren paz".
¿Y AHORA QUÉ?
A la luz de estas declaraciones, parece claro que las FARC, el Gobierno y los críticos descartan una vuelta a la guerra pero, más allá de esta certeza, se desconoce qué corresponde hacer ahora para materializar la paz.
Santos ha convocado para este lunes a "todas las fuerzas políticas", especialmente a las que han apadrinado el 'no', "para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir". "Hay una nueva realidad política", ha admitido, que obliga a "buscar puntos de encuentro".
Uribe ha apelado también a "un gran pacto nacional". "Sabemos que nuestros compatriotas del 'sí', al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos, pedimos lo mismo al Gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional", ha reclamado.
La salida más clara la ha ofrecido la Corte Constitucional que, en el mismo fallo en el que avaló la celebración del plebiscito, explicó que frente a una hipotética victoria del 'no' "se mantendría incólume" la facultad de Santos para garantizar el orden público "a través de la negociación con grupos armados tendente a lograr otros acuerdos de paz".
El 'uribismo' ya planteó en campaña que el 'no' significaría la vuelta a la mesa de negociaciones para "corregir" los textos de La Habana. El ex presidente volvió a marcar el domingo sus líneas rojas: que haya justicia, "no derogación de las instituciones" --aunque al mismo tiempo propuso un "alivio judicial" para las Fuerzas Armadas--; que haya "pluralismo político" sin que sea "un premio al delito"; y una política social que no ponga en peligro "la empresa honorable".
Otras voces abogan directamente por una Asamblea Constituyente, tal y como propusieron las FARC desde un principio. El ex magistrado Augusto Ibáñez ha explicado a 'El Espectador' que sería una forma segura de renegociar el acuerdo de paz implicando a todas las fuerzas políticas.
Se impondría así un nuevo esfuerzo por la paz al que todos parecen dispuestos pero cuyo formato y participantes aún son un interrogante, igual que la posibilidad de que el acuerdo tumbado pueda servir de punto de partida, al menos en las partes no cuestionadas.