Actualizado 26/04/2013 10:00

Colombia.- La ONU, "decepcionada" por el rechazo del Congreso al proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual


BOGOTÁ, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha expresado su "decepción" por la decisión del Congreso de Colombia de rechazar el proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual.

"Estoy decepcionada por que el Congreso colombiano haya votado en contra del matrimonio igualitario", ha dicho la jurista sudafricana en un encuentro con la prensa colombiana que se ha celebrado este jueves en Ginebra, según informa Caracol Radio.

Además, Pillay ha lamentado que "la población LGTB (Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) sea sujeto de discriminación y violencia porque se enamora".

Ayer, el Congreso colombiano rechazó el proyecto de ley sobre uniones de parejas del mismo sexo, por 17 votos a favor y 51 en contra, en el segundo debate que se celebrara sobre el mismo en la sede legislativa.

El objetivo del borrador era cumplir con el fallo emitido por la Corte Constitucional en 2011, en el que reconoce a las parejas homosexuales los mismos derechos sociales y patrimoniales de las heterosexuales y ordena al Congreso legislar sobre la materia antes del 20 de junio de 2013.

Así, la decisión del Congreso colombiano supone que a partir del 21 de junio los jueces, notarios y registradores civiles tendrán que decidir si autorizan las uniones homosexuales conforme a su criterio, ante el fallo constitucional y la falta de una norma jurídica.

En este contexto, tanto la judicatura como las direcciones generales de notarios y registradores civiles trabajan ya en documentos propios para orientar a sus miembros en las uniones civiles homosexuales sobre las que deberán decidir en dos meses.

Argentina y Uruguay son los únicos países de América Latina que han legalizado el matrimonio homosexual, aunque también está permitido en algunos estados de México, incluido el Distrito Federal, y en Brasil se reconocen las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

FUERO MILITAR

Por otro lado, Pillay ha reiterado las críticas de la organización internacional a la reforma del fuero militar aprobada el pasado mes de diciembre, porque sitúa a las fuerzas de seguridad bajo la jurisdicción militar, aumentando con ello el riesgo de impunidad.

"Estoy muy desilusionada con esta reforma", ha admitido. "Va a debilitar y socavar los esfuerzos que el Gobierno había comenzado para asegurarse de que las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por militares sean debidamente investigadas y que los responsables sean llevados a la justicia", ha argumentado.

Pillay ha explicado que "los tribunales militares no tienen el conocimiento, la capacidad y la experiencia que tiene la justicia ordinaria para adelantar estos procesos" y que, "además, la justicia militar depende del Ejecutivo, mientras que en la ordinaria se aplica la separación de poderes".

"La preocupación es hasta qué punto los tribunales militares están separados de la cadena de mando. Se van a dar situaciones en las que los militares van a ser juzgados por sus pares. Yo veo un conflicto de intereses en que los militares se investiguen y se juzguen ellos mismos", ha indicado.

Por ello, ha considerado que "si el Gobierno realmente busca justicia para las víctimas y una paz duradera, debe quitar esa reforma del camino". "Se tiene que asegurar una justicia apropiada", ha subrayado.

PROCESO DE PAZ

Interrogada sobre el proceso de paz que desarrollan en La Habana el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha reiterado el apoyo de la ONU, al tiempo que ha insistido en que "no puede haber amnistías por violaciones graves de los Derechos Humanos".

"Nosotros vamos a acompañar y apoyar este proceso", ha afirmado, subrayando que "es una oportunidad única para acabar con la impunidad de las violaciones de los Derechos Humanos del pasado, pero también para garantizar un futuro más justo".

A este respecto, ha recordado que, conforme al Derecho Internacional, "no puede haber amnistías por violaciones graves de los Derechos Humanos". "No se pueden dar beneficios para delitos contenidos en el Estatuto de Roma", ha dicho, en alusión al tratado constitutivo del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Pillay ha señalado que "las víctimas tienen derecho a la justicia y a la verdad". "La gente no olvida lo que le pasó. La gente quiere paz pero también justicia, y no se pueden separar ni decir que una será ahora y la otra después", ha apuntado.

La Alta Comisionado ha considerado que la mesa de negociaciones de La Habana debe tenerlo en cuenta. "En los procesos de paz las partes terminan llegando a soluciones que incluyen amnistías, pero no se ocupan de una solución para los crímenes graves. Creemos que el Gobierno buscará salidas a las peticiones de la guerrilla sobre algunos delitos que no incluyan crímenes graves", ha dicho.