BOGOTÁ, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El jefe de Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, ha insistido este jueves al Congreso que "es importante que cualquier cambio en el Fuero Militar sea de conformidad con las obligaciones del Estado con los Derechos Humanos".
Howland ha expresado la "preocupación" de la organización internacional por la nueva configuración de la Justicia Penal Militar en Colombia a raíz de la aprobación de esta norma jurídica y de su reglamento de desarrollo.
El jefe de la ONU en Colombia ha indicado que esta "preocupación" se enmarca en el proceso de paz que el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan a cabo desde el pasado 8 de octubre en Oslo y 19 de noviembre en La Habana para poner fin a más de medio siglo de conflicto.
"Cuando se está en una situación de cambio es importante utilizar los mecanismos más apropiados y cuando estamos en un proceso de paz y, por tanto, cerca de una situación de posconflicto es mejor utilizar los mecanismos de justicia posconflicto", ha dicho.
Howland ha reaccionado así a la aprobación del reglamento del Fuero Militar por parte de las comisiones conjuntas del Senado y la Cámara de Diputados, tras lo cual, la norma jurídica deberá pasar al pleno de ambas sedes legislativas.
Ayer, las comisiones conjuntas dieron su 'placet' al reglamento del Fuero Militar, aunque modificando el artículo 33 porque, según los legisladores, permitía la salida de prisión de los uniformados condenados.
"Esa preocupación ya quedó resuelta porque la comisión de ponentes corrigió la redacción de ese artículo, eliminando como requisito para la autoridad mediata que fueran solamente organizaciones ilegales", dijo el legislador liberal Guillermo Rivera a Caracol Radio.
CRÍTICA INTERNACIONAL
El Fuero Militar, que fue aprobado el pasado mes de diciembre tras numerosos y largos debates en el Senado y la Cámara de Diputados, ha suscitado la crítica de la comunidad internacional porque podría llevar a la impunidad de los delitos cometidos por los uniformados en el ejercicio de su cargo.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, ha solicitado al Gobierno y al Congreso colombianos que "reconsideren" su apoyo al Fuero Militar porque podría "dañar gravemente los esfuerzos para que las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por policías y militares sean investigadas y llevadas ante la justicia".
La organización internacional ha explicado que en virtud de la reforma constitucional los crímenes de guerra y las detenciones arbitrarias realizados por la Policía o las Fuerzas Armadas serán investigadas y juzgadas en instancias militares, "con el consiguiente riesgo de impunidad".
En concreto, ha denunciado que con el Fuero Militar la primera fase de cada investigación, la esencial para clarificar los hechos e identificar a los sospechosos, se desarrollará en instituciones judiciales dirigidas por militares o policías, en lugar de un órgano independiente dentro de las instituciones judiciales civiles.
En la misma línea, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, ha advertido de que la reforma constitucional de Colombia sobre el Fuero Militar es "incompatible" con los estándares interamericanos de Derechos Humanos.
Tanto el Gobierno de Juan Manuel Santos como el Congreso han rechazado estas interpretaciones, asegurando que la reforma constitucional no está destinada a dar inmunidad a policías y militares.