MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reafirmado este jueves que cumplirán con los acuerdos que alcanzaron el gobierno anterior y las comunidades indígenas, a las que ha pedido no llamar "terroristas" por los violentos altercados que se produjeron en Bogotá un día antes, los cuales ya condenó.
Petro se ha reunido este jueves con representantes de la comunidad emberá después de los altercados de un día antes en la capital colombiana, que se saldaron con una treintena de personas heridas, entre ellas catorce policías, así como dos detenidos por los desvaríos violentos que se produjeron.
"Hace un mes no tenían agua potable, vivían hacinadas más de 1,200 personas donde solo caben 400. Han visto morir a 21 de sus integrantes, la mayoría niños en Bogotá", ha escrito en Twitter sobre esta comunidad indígena. Se sienten engañados en su dignidad. Cada vez que los golpean vienen más a Bogotá", ha señalado.
Alrededor de unas 200 personas se manifestaron este miércoles en el centro de Bogotá para protestar por el incumplimiento a principios de año del acuerdo que estas comunidades alcanzaron con el gobierno anterior de Iván Duque. Ante ello, Petro ha zanjado que esos pactos sí serán puestos en marcha por su Ejecutivo.
Dejando a un lado la violencia vivida, Petro ha señalado que estas familias están reclamando su derechos y ha pedido que no sean llamados "terroristas" y no se cometa "una de las mayores injusticias sociales" que es culpar a las víctimas. "Padres y madres indígenas que han visto morir de hambre, de VIH, de epidemias, de falta de atención a sus propios hijos", ha dicho el presidente colombiano.
Antes de estas declaraciones, el presidente Petro acudió presto a las redes sociales para condenar los actos de violencia que se vivieron en el centro de Bogotá, enfatizando que "nunca será protesta la agresión a un agente de Policía" y la necesidad de instaurar el diálogo para solucionar los conflictos.
Las autoridades colombianas han hecho públicas las fotos de una veintena de sospechosos de agredir a policías y de los actos de aquella movilización, ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 57.500 euros) por información que pueda dar con sus detenciones.