BOGOTÁ, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un diputado colombiano pidió a sus homólogos de Estados Unidos citar al expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) para que responda por las versiones publicadas el fin de semana por el diario 'The Washington Post' que le vinculan directamente con el escándalo de las escuchas ilegales.
El rotativo denunció que "el dinero los equipos y la instrucción estadounidenses dados a unidades de élite de los servicios de inteligencia colombianos, se usaron para llevar a cabo operaciones de espionaje y campañas de difamación contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, opositores al presidente Uribe y otros grupos de la sociedad civil".
Estas acciones se hicieron "bajo el disfraz de la lucha contra el terrorismo y el contrabando de drogas" que emprendió el expresidente durante su mandato, señala el texto firmado por Karen DeYoung y Claudia J. Duque bajo el título 'Ayudas de Estados Unidos implicadas en abusos de poder en Colombia'.
El artículo fue publicado el pasado sábado, apenas un par de días después de que Uribe negara su implicación en el escándalo de las interceptaciones ilegales --conocidas como 'chuzadas'-- durante una comparecencia ante una comisión especial del Congreso colombiano. Según aseguró, lo ocurrido fue una acción llevada a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) --central de Inteligencia-- sin la autorización de su gobierno.
"Este es un nuevo aspecto por el cual el expresidente tendrá que responder ante el congreso norteamericano", aclaró Iván Cepeda, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por el opositor Polo Democrático Alternativo, en declaraciones a la emisora local Caracol Radio.
"Yo personalmente haré inmediatamente una acción para que congresistas de Estados Unidos tomen cartas en este asunto", anunció Cepeda al advertir de que demandará a Uribe ante tribunales norteamericanos. "Es muy grave que el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos se esté utilizando para acabar con el prestigio de magistrados, periodistas y opositores políticos" en Colombia, lamentó.
Luis Guillermo Pérez, abogado de la excongresista Piedad Córdoba --quien es parte civil en la investigación por ser una de las supuestas afectadas-- exhortó a buscar mecanismos efectivos para traer a la exdirectora del organismo de inteligencia, María del pilar Hurtado, para que revele cuál fue el uso de los recursos entregados por Estados Unidos hacia Colombia, informa la agencia Colprensa.
Pérez exigió que se tomen "decisiones oportunas para evitar que se produjeran ese tipo de hechos" y pidió además a Hurtado "que hable sobre las órdenes que recibió del expresidente Uribe para interceptar ilegalmente a líderes de oposición y magistrados de la Corte".
El escándalo de las 'chuzadas' estalló en febrero de 2009 cuando la revista colombiana 'Semana' reveló información sobre supuestas escuchas ilegales que habría hecho el DAS a periodistas, políticos de la oposición, magistrados del Supremo, fiscales, defensores de Derechos Humanos y hasta altos funcionarios del gobierno, mediante campañas que tuvieron nombres como 'Operación Halloween' y 'Operación Transmilenio'.
Gran parte del material --documentos y grabaciones comprometedoras-- habría sido destruido en el propio edificio del DAS en enero de 2009, tras la llegada de Felipe Muñoz como nuevo director de la central de Inteligencia, según denunció 'Semana' en su momento.
URIBE RESPONDE "DECEPCIONADO"
Uribe respondió con una carta a 'The Washington Post' en la que expresa su "profunda decepción" por el artículo que, según él, "ha cuestionado los apoyos de Estados Unidos a Colombia reclamando que esos recursos fueron usados con propósitos criminales".
"Tales afirmaciones manipulan y distorsionan la realidad hiriendo la imagen de un Gobierno que desmanteló las estructuras paramilitares en Colombia y extraditó a sus máximos cabecillas a los Estados Unidos", lamenta el exjefe de Estado.
Uribe critica que no se hayan expuestos los logros de su gobierno en materia judicial y criminal, lo que le lleva a pensar que "los autores del artículo han actuado imprudentemente y sin ningún rigor al poner acusaciones difamatorias y poniendo en peligro la imagen de Colombia y mi administración, sin una evaluación imparcial de los hechos y los testimonios".