Actualizado 17/12/2013 21:45

Colombia.- Piedad Córdoba cree que su inhabilitación es una "pérdida para la democracia" colombiana

PIEDAD CORDOBA
COLPRENSA/CALDAS ALVAREZ, MARIA CAMILA


BOGOTÁ, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exsenadora colombiana Piedad Córdoba afirmó que el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que ratificó su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 18 años por sus vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es una pérdida para la democracia del país y la independencia del Legislativo

"Seguiré en la política hasta que me entierren (...) tengo totalmente claro que soy una líder política, que no debo nada y estoy dispuesta a dar la cara y a responder por todos y cada uno de mis actos", porque "amo a mi país y por él estoy dispuesta a dar hasta la vida", dijo Córdoba en una entrevista concedida al diario colombiano 'El Espectador'.

Córdoba aseguró que lo que más le preocupa de la sentencia sobre el recurso interpuesto por ella ante el Alto Tribunal es "la pérdida que ha sufrido la democracia en el país, en cuanto a independencia de la rama legislativa" se refiere.

La exsenadora presentó ante dicho tribunal una petición de la anulación de la sentencia impuesta por el procurador general (fiscal general), Alejandro Ordóñez, el 29 de septiembre de 2010, que la destituyó de su cargo de senadora, apenas recién elegida, y la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 18 años.

Sin embargo, por una votación de 7 a 2, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó la tutela interpuesta por la exsenadora y los magistrados aceptaron la ponencia presentada por el presidente del Alto Tribunal, Jorge Iván Palacio, en la cual no se le daba razón a la excongresista y en consecuencia avala el fallo de la Fiscalía general.

La controversia jurídica versó sobre las facultades del fiscal para sancionar congresistas, pues algunos consideran que sólo debería ocuparse de la vigilancia de los funcionarios públicos y no de los parlamentarios, quienes, en teoría, sólo pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Pero en su sentencia definitiva, el Alto Tribunal considera que en el proceso disciplinario a la exsenadora no se le violó el debido proceso y mantiene la sanción contra ella porque considera que se extralimitó en sus funciones cuando decidió ser parte negociadora con la guerrilla para negociar un intercambio humanitario.