MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario integrado por Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en común ha expresado este miércoles su condena por la represión policial y los abusos a los Derechos Humanos que se han venido produciendo en los últimos días en Colombia durante las protestas contra la reforma tributaria planteada por el presidente, Iván Duque, que ya la ha retirado.
"Colombia vive una grave crisis de Derechos Humanos en la que las fuerzas gubernamentales se están saltando todas las líneas rojas", ha denunciado en un comunicado, incidiendo en que al menos 26 personas habrían muerto a manos de las fuerzas de seguridad mientras que varias decenas más habrían resultado heridas y cientos habrían sido detenidas de forma arbitraria.
En este sentido, "tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado ya su preocupación por la actuación policial y han pedido una investigación independiente de lo sucedido en el país", llamamiento al que se ha sumado el grupo parlamentario.
"Este uso ilegítimo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y del Ejército ha estado propiciado, además, por declaraciones irresponsables como las del expresidente" Álvaro Uribe, han denunciado, haciéndose eco de un 'tuit' de este que luego retiró en el que defendía "el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad".
Asimismo, los diputados de Podemos y sus compañeros de grupo han enmarcado las protestas de los últimos días en Colombia en "un contexto flagrante de falta de implementación del Acuerdo de Paz" firmado hace cuatro año con la guerrilla de las FARC así como "de impunidad generalizada por los asesinatos y las violaciones de Derechos Humanos asociados".
Así las cosas, han manifestado su "profunda preocupación por la situación de violencia que atraviesa el país" y su "condena rotunda a la brutal represión policial y los abusos de Derechos Humanos ocurridos particularmente en los últimos días".
En este sentido, han instado al Gobierno colombiano a que "brinde las garantías suficientes para el ejercicio del derecho a la protesta, a que termine con la impunidad de los crímenes y a que promueva un diálogo social inclusivo para superar el actual estado de crisis de derechos humanos en el país".
Además, han considerado que tanto la UE como el Gobierno español "deben también implicarse de manera contundente, empezando por garantizar la orientación de la financiación hacia los componentes clave del Acuerdo de Paz --especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz y los proyectos de reforma agraria--", así como desplegar "una política integral hacia Colombia y la región basada en la coherencia de políticas para el desarrollo".