BOGOTÁ, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La comparecencia del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para dar su "versión libre" del escándalo de las escuchas ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) --servicios de Inteligencia-- a opositores, ha sido postergada de forma indefinida.
Alrededor de las 14.30 horas (21.30 horas en España), una hora más tarde de lo previsto, Uribe ha acudido al órgano legislativo para dar su versión sobre el conocido popularmente como caso de las 'chuzadas'. Sin embargo, no ha podido hacerlo debido a la recusación presentada por la ex senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba contra dos de los tres magistrados que se ocupan de la investigación parlamentaria.
Uribe ha considerado que la presentación de este recurso en una "maniobra dilatoria" para impedir que pueda defenderse de "la larga cadena de infamias" de la que ha sido acusado desde febrero de 2009, cuando salió a la luz este escándalo.
"Yo simplemente invoco el derecho a que se me oiga la defensa (...) Ellos vivieron los ocho años de mi Gobierno rodeados de garantías. Criticaron y difamaron, pero rodeados de garantías. ¿Cuáles son mis garantías?", ha dicho el ex presidente, quien ha acudido a la vista acompañado de su mujer, su hijo mayor, varios de sus ex ministros y su abogado, Jaime Lombana.
En la misma línea, Lombana ha advertido de que se trata de una "trampa" para "cercenar el derecho constitucional a la defensa" de su cliente. "No puede ser que un ex presidente le dé explicaciones a la administración de justicia por lo que se le ha cuestionado infame y mentirosamente sin ser escuchado", ha señalado.
El escándalo de las 'chuzadas' estalló cuando la revista colombiana 'Semana' reveló información sobre supuestas escuchas ilegales que habría hecho el DAS a periodistas, políticos de la oposición, magistrados del Supremo, fiscales, defensores de Derechos Humanos y hasta altos funcionarios del Gobierno, mediante campañas que tuvieron nombres como 'Operación Halloween' y 'Operación Transmilenio'.
LA RECUSACIÓN
Poco antes de que comenzara la audiencia, el abogado de la ex senadora, Luis Guillermo Pérez, ha solicitado la recusación de los magistrados Heriberto Escobar y Yahir Acuña, quienes se han negado a que la treintena de víctimas de las escuchas ilegales interroguen a Uribe en el marco de las investigaciones que ellos dirigen.
"Lo que radicamos fue una petición para interrogar al ex presidente Álvaro Uribe. Si no nos permiten el derecho de interrogar, les pedimos que se declaren impedidos. Si no se han declarado impedidos, entonces procederemos a la recusación respectiva", ha explicado el letrado.
"Estamos reiterando nuestro derecho constitucional a participar en la diligencia e interrogar al señor Uribe. Lo que reclamamos las víctimas es el derecho a la verdad, la justicia y la reparación", ha insistido, argumentando su estrategia.
Por su parte, el representante del Ministerio Público en este proceso ha adelantado que no encuentra motivos para que ambos magistrados se declaren impedidos o sean recusados.
Así las cosas, la comparecencia de Uribe solamente será posible cuando la Comisión de Acusaciones se reúna en pleno para resolver la recusación contra Escobar y Acuña. Esta reunión solo podrá celebrarse después del 20 de julio, cuando se reanudan las sesiones parlamentarias.
URIBE, VÍCTIMA DE 'FARCPOLÍTICA'
Antes de acudir a dicha comparecencia, el ex presidente solicitó ser parte civil en el proceso judicial que se celebra contra Córdoba por su presunta vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en uno más de los casos conocidos como 'farcpolítica',
Uribe ha pedido a la Corte Suprema que le permita conocer el expediente del caso y asistir a las diligencias para determinar si su persona o el Estado resultaron perjudicados por la relación de la ex legisladora con el que fuera jefe militar de la guerrilla, Víctor Julio Suárez Rojas, alias 'Mono Jojoy'.
El pasado mes de septiembre, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez ordenó la destitución y la inhabilitación durante 18 años de la entonces senadora por sus nexos con las FARC, una sanción que fue confirmada un mes después por la Procuraduría al rechazar el recurso presentado por la mujer.