Publicado 12/08/2020 03:28CET

Colombia.- La Procuraduría de Colombia destituye a cinco militares por la muerte de un antiguo guerrillero de las FARC

Militantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en Bogotá
Militantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en Bogotá - FARC - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Procuraduría General de Colombia ha informado este martes de la destitución e inhabilitación de cinco miembros del Ejército por la muerte de Dimar Torres en abril de 2019, un antiguo guerrillero de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Ministerio Público ha detallado que el comandante Jorge Armando Pérez Amézquita fue el "provocador e instigador" de la muerte de Torres, por lo que además de firmar su expulsión del Ejército, también ha sido inhabilitado durante 20 años para ejercer cualquier cargo público.

De acuerdo con las investigaciones, el 22 de abril de 2019, Torres fue detenido cerca de una base del Ejército situada en el municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander, cuando viajaba en su motocicleta y disparado por la espalda poco después por el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien ha sido destituido y sancionado con 14 años de inhabilitación.

En un comunicado, la Procuraduría ha añadido que los soldados Cristian David Casimilas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexánder Buriticá Duarte, han sido sancionados con su destitución y con 12 años de inhabilitación al ser considerados cómplices del crimen, tras esconder la motocicleta de Torres y enterrar su cuerpo en una fosa.

"La Procuraduría encontró probado que, sin ninguna justificación, conscientes e intencionalmente, prestaron colaboración al cabo segundo Gómez Robledo para ocultar el cuerpo sin vida y la motocicleta de Dimar Torres en zona boscosa", detalla en el texto el Ministerio Público.

El crimen vino motivado por la muerte días antes del soldado Pablo Emilio Borja García. Según la Procuraduría, el coronel Amézquita "desde un comienzo hizo explícita su intención" de no judicializar el caso, "sino de matar y vengar de esa manera el hecho".

Así, explica el documento, Torres fue acusado falsamente de pertenecer a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y señalado como autor de la muerte de García, "cuando en realidad se dedicaba a actividades agrícolas después de su reinserción a la vida civil, conforme a los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC", siendo así catalogado "como persona protegida conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH)".

"El comportamiento de los uniformados, los valores y principios constitucionales como la integridad y la rectitud, se vieron significativamente afectados", contempla el documento, que añade que las expectativas de la sociedad "se ven traicionadas" cuando estas personas "utilizan su cargo para cometer el homicidio de una persona protegida".

"EXTERMINIO SISTEMÁTICO"

Por su parte, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), heredero de la guerrilla desmovilizada con las mismas siglas, ha celebrado este martes la decisión de la Procuraduría pues se "ha hecho justicia con los autores materiales del asesinato" de Torres.

No obstante, se pregunta el partido "quién dio la orden" y "quién promovió este y los otros 223 asesinatos de firmantes de la paz" y apunta a que "todo hace parte de una misma doctrina".

Hace una semanas el FARC denunció un "crecimiento exponencial" de los asesinatos de antiguos combatientes pese al acuerdo de paz, y lo calificó de "exterminio sistemático".

"Es la cuota de sangre que estamos hoy pagando por construir a una nueva sociedad en paz. Desafortunadamente, contamos con un Gobierno que no tiene entre sus radares la implementación del acuerdo, sino que busca una paz mediática", expuso la senadora del FARC Sandra Ramírez.

Debido a esto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional ideada en el acuerdo de paz de Colombia, dictó hace unos días medidas cautelares a favor de los exguerrilleros, ordenando al Gobierno de Colombia que tomase acciones para "garantizar su vida y su seguridad", después de que mas de 200 de ellos hayan sido asesinados en los últimos años.