El Gobierno rechaza la propuesta y urge a "blindar" los acuerdos con FARC y ELN
BOGOTÁ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, ha propuesto revisar los indultos concedidos a la extinta guerrilla del M-19 para relanzar la investigación judicial sobre la toma del Palacio de Justicia, en una rara coincidencia con el fiscal general, Eduardo Montealagre.
Ordóñez ha informado en una carta abierta de que ha solicitado formalmente a Montealegre "desplegar las acciones de su competencia para investigar, juzgar y, si es del caso, condenar a los entonces miembros de la organización terrorista responsables de un hecho que todavía enluta al país".
"Dicha solicitud responde al anuncio hecho por la Fiscalía en referencia al inicio de labores para 'determinar los alcances de la cosa juzgada de los indultos y amnistías con los que fue favorecida la cúpula del M-19' hace 25 años", ha aclarado.
La Procuraduría ha considerado que hay base jurídica para ello porque la Ley 77 de 1989 con la que se desmovilizaron los miembros del M-19 "excluyó el indulto y la cesación de procedimientos respecto a los llamados 'actos de ferocidad o barbarie' y los 'homicidios cometidos fuera de combate con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión'".
"Es evidente que la toma del Palacio de Justicia comprendió por parte del M-19 actos de ferocidad y barbarie que son imposibles de amnistiar. Es claro también, conforme a diversos testimonios, que en la acción esa guerrilla asesinó magistrados y civiles fuera de combate y en estado de indefensión", ha sostenido.
Ordóñez ha argumentado además que, "a pesar de que transcurrieron 30 años, el Estado colombiano no ha cumplido con la obligación derivada del Derecho Internacional de investigar, juzgar y condenar a los mandos del M-19 que planificaron y ordenaron la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia".
A este respecto, ha recordado que "en el caso de la toma del Palacio de Justicia los entonces cabecillas del M-19 aceptaron su responsabilidad, pero jamás explicaron al país y a las víctimas lo sucedido, los cómplices y financiadores de la acción criminal, ni lo acontecido tras los hechos".
"Las víctimas y la sociedad colombiana tienen derecho a saber y el Estado la obligación de establecer la verdad a través de procesos judiciales", ha considerado, añadiendo que "tampoco los miembros del mando central del M-19 han reparado a las víctimas del Palacio de Justicia".
Ordóñez ha esgrimido también que, conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "son inadmisibles las disposiciones de amnistía y prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los Derechos Humanos".
En consecuencia, ha hecho un llamamiento "para que el Estado colombiano cumpla con sus responsabilidades, a pesar del paso del tiempo, y que ello no esté condicionado por el proceso de negociación que en la actualidad adelanta el Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana (Cuba).
RESPUESTA DEL GOBIERNO
El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, ha contestado a Ordóñez y Montealegre, recordando que la Ley 77 se adoptó respetando la normativa vigente en 1989 y, por tanto, no deben revisarse los acuerdos derivados de la misma, pese a la "plena competencia" de la Fiscalía "para actuar".
"Las decisiones que se tomaron con base a esos acuerdos tienen hoy plena vigencia y legalidad y consideramos que no deben ser sujetos a una revisión", ha dicho. "No parece conveniente abrir" el acuerdo con el M-19, ha reoterado.
Además, ha aprovechado este debate para insistir en la necesidad de "blindar los acuerdos con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)", inmersos en negociaciones con el Gobierno para alcanzar la paz, "para que no se presenten esta clase de discusiones".
TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA
El 6 de noviembre de 1985 guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, ubicado en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, a lo que militares y policías respondieron con un operativo que duró 27 horas, prolongándose hasta el día siguiente.
En total, 98 personas murieron y 11 desaparecieron, aunque en el año 2000 este número se redujo a 10 con el hallazgo en una fosa común del cadáver de Ana Rosa Castiblanco, una trabajadora de la cafetería del Palacio de Justicia, y recientemente ha pasado a ocho.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron en 2005 que los civiles desaparecidos salieron con vida de la sede judicial bajo custodia de la Fuerza Pública --militares y policías--. Hasta ahora, han sido detenidos tres militares por estos hechos.