BOGOTA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció hoy el exilio al que se ha visto forzado del periodista colombiano del rotativo 'El Meridiano de Córdoba', Antonio Sánchez Sánchez, en la ciudad de Montería, ubicada al noroeste de Colombia, a causa de las amenazas de muerte telefónicas que recibió tras la publicación de un artículo.
El periodista tuvo que marcharse el 8 de febrero de la ciudad en la que residía, Montería, a causa de las amenazas de muerte recibidas tras haber revelado en un artículo una incursión secreta de la guerrilla en el municipio de Rusia (provincia de Valencia), según informó su abogada, María Milene Andrade.
Tras publicarse la información en 'El Meridiano', las autoridades locales desmintieron los hechos, a pesar de que fueron reconocidos por el presidente colombiano, Alvaro Uribe. Adicionalmente, Sánchez ya había publicado informaciones sobre casos de corrupción y fue amenazado en 2004 por esto.
Las situación en la localidad de Montería se ha tornado seria en los últimos días, según advierte RSF. El pasado 4 de febrero, el periodista, Gustavo Rojas Gabalo, resultó gravemente herido y su situación continúa siendo crítica.
Además de Sánchez, otros dos periodistas se han visto obligados a cambiar su localidad de residencia desde que comenzó el año, en lo que RSF considera "violaciones de la libertad de prensa", por lo que la organización ha pedido a las autoridades "que garanticen la seguridad de los periodistas, especialmente en las zonas de conflicto".
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) publicó ayer un informe en el que denunció las agresiones y amenazas emitidas contra periodistas, sometidos a presión para no sacar a la luz ciertas informaciones relativas a la violación de Derechos Humanos por parte de las guerrillas y los paramilitares. AI ha detectado incluso casos de asesinato de profesionales de la información por estos motivos.
Según advirtió AI, esta situación ha desembocado en que los periodistas solamente se ocupan de dar la información oficial, se autocensuran o evitan viajar a las zonas de conflicto. La Libertad de expresión queda coartada y los actos cometidos permanecen impunes ante la opinión pública, sentenció Amnistía.