BOGOTÁ, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión Primera del Senado de Colombia, Luis Fernando Velasco, ha señalado que, constitucionalmente, el presidente del país no tiene inmunidad dentro de una investigación fiscal, por lo que si la Controlaría abriera un proceso contra él, podría provocar su destitución.
Así, Velasco ha dicho que, en el marco de la investigación contra magistrados por el 'carrusel de las pensiones' deja abierta esta posibilidad. "Es evidente que con el fallo del Consejo de Estado, como dice el fiscal general de la Nación, es lo que puede pasar lo que me parece que es un error y como es un error lo estamos tratando de corregir en la reforma a la justicia", ha dicho.
"Si hacemos un ejercicio de lo que viene en la Constitución del 91 no es que con el concepto del Consejo de Estado, que es obligatorio, se le haya quitado el fuero al presidente, es que nunca lo ha tenido en materia fiscal", ha agregado, según ha informado la emisora colombiana Radio Caracol.
"En materia penal y disciplinaria el presidente tiene un fuero y es que antes de cualquier tipo de investigación que haga la Corte Suprema de Justicia, el Congreso tiene que emitir un concepto. En materia fiscal no lo tenía como lo plantea evidentemente el Consejo de Estado", ha manifestado.
En este sentido, ha puntualizado que la reforma de la justicia pretende subsanar este vacío a través del establecimiento de las reglas del juego en caso de que se abra una investigación fiscal contra el presidente y el vicepresidente.
"Lo que se está haciendo en la reforma a la justicia es entender las muy especiales y delicadas responsabilidades del presidente de la República, por la confianza que en él han depositado un buen número de colombianos en las urnas, para que junto con vicepresidente se les dará un fuero especial frente a las investigaciones fiscales en la Contraloría", ha apostillado.
Por su parte, fuentes del Gobierno han confirmado la situación y han dicho que el Ejecutivo pretende blindar a los altos funcionarios a través de la reforma de la justicia, que especifica explícitamente que la Controlaría no podrá investigarlos. A juicio del Gobierno, no tiene sentido que una entidad pueda destituir al presidente o al vicepresidente.