Actualizado 10/11/2006 22:20

Colombia.- El Senado y la Cámara aplazan indefinidamente la reforma del Código Penal que prevé el perdón a los narcos

BOGOTÁ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado y la Cámara de Colombia decidieron hoy aplazar indefinidamente la reforma del Código de Procesamiento Penal, a la espera de que la Fiscalía y los distintos grupos políticos del Congreso lleguen a una acuerdo sobre el polémico 'principio de oportunidad'.

El Fiscal General del Estado, Mario Iguarán, se reunió con el ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, los presidentes de las comisiones constitucionales de Senado y Cámara y, los congresistas de esas células legislativas de todos los partidos. Entre todos acordaron una agenda que dirigirá el propio fiscal Mario Iguarán, según informa hoy el diario colombiano 'El Espectador'.

Además sostendrán audiencias públicas en distintas regiones de Colombia para "llevar a un término de socialización y de mayor discusión" el tema referente a esa reforma al sistema acusatorio, indicó el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Tarquino Pacheco.

Por su parte, el fiscal Iguarán insistió que "la aplicación del principio de oportunidad o la colaboración de los terroristas, en la etapa de juicio hasta antes de presentar la acusación, ha impedido el desarrollo eficaz del sistema penal acusatorio".

Además el Fiscal Jefe dijo que la aplicación de este principio de oportunidad o cooperación puede ser "un instrumento para luchar con éxito contra la criminalidad organizada e identificar a sus cabecillas". La reforma se aplicaría a los recolectores y a los jefes y mandos medios del narcotráfico.

El proyecto propone asimismo cambios a puntos del Código de Procedimiento Penal como la detención preventiva por peligro para la comunidad, el endurecimiento para las detenciones domiciliarias, las audiencias preliminares de legalización de captura, la formulación de imputación y la solicitud de medida de seguridad por las dificultades de desplazamiento en muchos sitios del país.

Iguarán pidió el aumento de penas por el uso de documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados y otras adiciones a la Ley 599 de 2000.