Publicado 18/08/2020 03:24

Colombia.- El senador colombiano Iván Cepeda demanda al expresidente Uribe por acusarle de comprar testigos contra él

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Colombia.- El senador colombiano Iván Cepeda demanda al expresidente Uribe por a - COLPRENSA - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador por el Polo Democrático Iván Cepeda ha anunciado este lunes que presentará una demanda contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe por un delito de injurias y calumnias, después de que le acusara de manipular testigos y de connivencia con los jueces del Tribunal Supremo, quienes decretaron a principios de mes prisión domiciliaria contra el hoy legislador de Centro Democrático mientras se le investiga por un supuesto fraude procesal y compra de testigos.

"Denunciaré a Uribe por injuria y calumnia", ha anunciado el representante de la izquierda colombiana, después de que Uribe afirmara en algunos medios de comunicación que Cepeda había actuado "en complicidad" con los jueces del Supremo que decretaron su prisión domiciliaria.

Este enfrentamiento entre ambos políticos se remonta al año 2012, cuando Uribe demandó a Cepeda por un supuesto delito de manipulación de testigos. Sin embargo, el proceso giró de manera inesperada cuando el Supremo no sólo archivó la causa por falta de pruebas, sino que abrió una investigación contra el antiguo inquilino de Casa Nariño por ese mismo crimen y por otro de fraude procesal.

Cepeda ha criticado las acusaciones de Uribe en su contra, las cuales, ha dicho, vienen motivadas tras no superar su derrota en todas instancias --Tribunal Supremo, Procuraduría y Consejo de Estado-- en las que presentado acciones en su contra

También en sus redes sociales, el senador del Polo democrático ha calificado de "embuste" las palabras de Uribe que le acusan de comprar diez testigos en su contra.

"Ni he comprado, ni he presentado ante el tribunal un solo testigo. En cambio él ha presentado una veintena de falsos testigos y tramitadores de falsos testigos", ha escrito Cepeda, quien también ha interpelado directamente a Uribe para hacerle saber que no pedirá "asilo", después de que se diera a conocer que había recibido amenazas después de que al expresidente le fuera impuesta la prisión domiciliaria.

"Senador Uribe, no pediré asilo; no lo hice cuando bajo sus gobiernos fui perseguido y víctima de 'chuzadas' (escuchas ilegales), y no lo haré ahora a pesar de amenazas de muerte que recibo con mi familia desde que a usted le dictaron medida de aseguramiento", ha escrito en Twitter.

Por último, Cepeda también se ha referido a las acusaciones que Uribe lanzó en su entrevista con la revista colombiana 'Semana', en donde aseguró en más de una ocasión que el político de izquierdas era "senador de las FARC", la guerrilla ya desaparecida.

"Curioso que Uribe, quien desde hace años me acusa de pertenecer a FARC, nunca me haya denunciado ante la justicia por esos supuestos vínculos. No tiene una sola prueba de ello. Ojalá lo haga para derrotarlo de nuevo", ha dicho.

EL PROCESO CONTRA URIBE

Uribe denunció a cepeda por un delito de manipulación de testigos para inculparle por mantener lazos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo archivó la investigación y encontró indicios de que los testimonios que el senador del Polo Democrático había recopilado no fueron producto de sobornos.

Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a antiguos paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al delincuente Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que se desmovilizó en su Gobierno en 2006.

Por otra parte, el Supremo ordenó que se presente un informe sobre una investigación contra Uribe por sus supuestas omisiones para impedir una masacre cometida por paramilitares en 1996, cuando ejercía como gobernador del departamento de Antioquia, y que no avanza desde 2014.

Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estos grupos paramilitares están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos, y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.