BOGOTÁ, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, ha destituido e inhabilitado durante 18 años a la senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba como sanción disciplinaria por colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tal y como ha revelado el análisis de los discos duros del que fuera 'número dos' de la guerrilla, Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes'.
"La senadora fue destituida por encontrarse demostrado que colaboró y promovió a grupos armados al margen de la Ley. Ella perderá la curul tan pronto la sanción quede ejecutoriada", dijo Ordóñez en una rueda de prensa desde la Casa de Nariño, sede del Gobierno.
En concreto, a Córdoba se le acusa de "colaborar con las FARC, intentar fraccionar la unidad nacional, instigar a esa guerrilla para que sea hostil con los partidos políticos, usar la ayuda de gobiernos de otros países para buscar uno nuevo en Colombia y aconsejar al grupo armado en el manejo político del intercambio humanitario".
Estas acusaciones se fundamentan en la información recuperada de los discos duros de los ordenadores y lápices de memoria incautados en la 'Operación Fénix' de marzo de 2008 cuando el Ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC en la selva de Angostura, en Ecuador, acabando con la vida de 25 personas, incluido 'Raúl Reyes'.
Además de la documentación encontrada en estos soportes digitales, donde Córdoba aparecía citada como 'Teodora', 'Teodora de Bolívar', 'La Negra' y 'La Negrita', las fechas de los viajes de la legisladora, las interceptaciones telefónicas a miembros del bloque Libardo García de la guerrilla, así como el testimonio de un infiltrado, probarían el intercambio de información entre la senadora y el grupo armado.
De acuerdo a estos hechos la Fiscalía determinó que Córdoba mantuvo varios encuentros con representantes de las FARC en los que les aconsejó acerca de su proceder en las negociaciones con el Gobierno, instándoles a enviar pruebas de vida de las personas que mantienen secuestradas para favorecer la consecución de sus objetivos.
Se trata de la primera sanción de este tipo que la Procuraduría General de Colombia impone a las personas que habitualmente colaboran con el Gobierno para propiciar la liberación de rehenes o intercambios humanitarios. Sin embargo, esta decisión podría ser apelada por Córdoba.