Publicado 01/09/2020 1:53:08 +02:00CET

Colombia.- El Supremo de Colombia envía a la Fiscalía el caso Uribe por la supuesta manipulación de testigos

Mural del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, visto en las calles de Bogotá.
Mural del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, visto en las calles de Bogotá. - DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Colombia ha renunciado a seguir con la investigación sobre la supuesta manipulación de testigos que habría realizado el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y ha cedido el caso a la Fiscalía General, tras aprobar las tesis presentadas por la defensa del antiguo mandatario.

La defensa ha argumentado que el Supremo carece de competencias para continuar con la investigación después de que Uribe, bajo arresto domiciliario desde hace un mes, renunciara a su escaño del Centro Democrático en el Senado.

Ante esta nueva situación, el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda ya ha señalado que presentará una recusación contra el fiscal general, Francisco Barbosa, y contra el presidente de Colombia, Iván Duque, pues sería encargado de nombrar una alternativa si la primera sale adelante, ya que considera que ambos no son garantía de independencia.

Cepeda presentó una demanda contra Uribe hace dos semanas por un delito de injurias y calumnias, después de que el expresidente asegurara en una entrevista para los medios colombianos que el senador del Polo Democrático había actuado "en complicidad" con los jueces del Supremo que decretaron su prisión domiciliaria.

El enfrentamiento entre ambos políticos se remonta al año 2012, cuando Uribe demandó a Cepeda por un supuesto delito de manipulación de testigos. Sin embargo, el proceso giró de manera inesperada cuando el Supremo no sólo archivó la causa por falta de pruebas, sino que abrió una investigación contra el antiguo inquilino de Casa Nariño por ese mismo crimen y por otro de fraude procesal.

"Pese a las inmensas presiones que ejercen Uribe y sus fanáticos seguidores (...), tengan la certeza de que con mis abogados perseveraremos hasta las últimas instancias para que haya plena verdad y justicia en este caso", ha escrito Cepeda en su Twitter este lunes.

Por otro lado, el periódico colombiano 'El Tiempo' ha publicado este lunes que el expresidente Uribe llevará a cabo una inversión valorada en 120.000 dólares para una campaña de defensa en los medios de comunicación de Estados Unidos en relación a la causa que tiene abierta con la justicia colombiana.

La firma que ha escogido Uribe es DCI Group, la misma que prestó sus servicios de relaciones públicas al que fuera su ministro de Agricultura entre 2005 y 2009, Andrés Felipe Arias, condenado finalmente por un delito de tráfico de influencias y malversación de fondos.

EL PROCESO CONTRA URIBE

Uribe denunció a cepeda por un delito de manipulación de testigos para inculparle por mantener lazos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo archivó la investigación y encontró indicios de que los testimonios que el senador del Polo Democrático había recopilado no fueron producto de sobornos.

Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a antiguos paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al delincuente Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que se desmovilizó en su Gobierno en 2006.

Por otra parte, el Supremo ordenó que se presente un informe sobre una investigación contra Uribe por sus supuestas omisiones para impedir una masacre cometida por paramilitares en 1996, cuando ejercía como gobernador del departamento de Antioquia, y que no avanza desde 2014.

Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estos grupos paramilitares están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos, y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.

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