Actualizado 16/02/2007 18:50 CET

Colombia.- El Supremo pide investigar al padre de la ministra de Exteriores por paramilitarismo y secuestro extorsivo

BOGOTA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Corte Suprema de Justicia ha pedido a la Fiscalía General de la Nación que investigue a Alvaro Araujo Noguera, padre de la ministra de Asuntos Exteriores, María Consuelo Araujo, como responsable de los presuntos delitos de paramilitarismo y secuestro extorsivo agravado del empresario Víctor Ochoa Daza.

Así lo confirmó el presidente de la Sala Penal del Alto Tribunal, Alfredo Gómez Quintero, quien precisó que la investigación también incluye al actual gobernador del departamento de Cesar, Hernando Araújo Molina, bajo los mismos cargos, según informa la prensa local, recogida por Europa Press.

Asimismo, Gómez Quintero reveló que el senador Alvaro Araujo Castro, hermano de la ministra, está siendo investigado por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, mientras que los otros cinco congresistas, capturados en las últimas horas, sólo tienen medida de aseguramiento por concierto para delinquir.

En este sentido, el magistrado precisó que Araujo podría estar involucrado en el secuestro del empresario de Valledupar Víctor Ochoa Daza, por lo que el alto tribunal tomó la decisión de abrir la investigación. Es más, dijo que hay pruebas suficientes para dictar las medidas en contra de los parlamentarios.

Sobre los reemplazos de los congresistas investigados, explicó que la Sala Penal todavía analiza si las listas estarían viciadas por las razones investigadas. Así, aseguró que no existe todavía consenso por parte de los magistrados sobre este tema, por lo que seguramente habrá un pronunciamiento en los próximos días.

Gómez Quintero explicó que se desarrollan tres procesos por parte de la Sala Penal sobre los posibles nexos de congresistas con paramilitares. Uno de ellos se relaciona con las ordenes de captura que se dictaron contra los congresistas Erick Morris, Jairo Merlano y Alvaro García. Otro con las actuales detenciones de parlamentarios y un tercer proceso sobre la firma del llamado 'Acuerdo de Ralito'.