BOGOTÁ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) ha respaldado la decisión de algunos de sus ex funcionarios de solicitar asilo en el exterior, pues asegura que en Colombia "no tienen garantías" y la supuesta "persecución" de la que son blanco "amenaza sus vidas".
"Siempre pedí a los compañeros de Gobierno que dijeran la verdad. Algunos me han expresado que a pesar de haberla dicho no tienen garantías en la justicia; en casos de esta naturaleza he compartido y apoyado que busquen asilo", revela Uribe en un comunicado divulgado este miércoles por la prensa local.
De esta manera, Uribe ha reiterado su apoyo a María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quien le fue otorgado el asilo territorial de Panamá.
Este hecho ha generado una intensa controversia en medio de las investigaciones contra varios ex jefes del DAS que habrían utilizado la central de Inteligencia para hacer seguimientos ilegales a políticos opositores, magistrados, funcionarios y diputados con el supuesto apoyo del Gobierno de Uribe.
Medios colombianos --citando fuentes oficiales-- revelaron esta semana que habría sido el propio ex mandatario quien recomendó a Hurtado pedir asilo en Panamá.
Uribe ha defendido la postura de Hurtado --sin mencionarla en el comunicado-- alegando que en Colombia se han ventilado "imputaciones basadas en testigos con comprobada capacidad de mentir y con claros indicios de estar al servicio de los criminales".
"Muchos de mis compañeros no tienen garantías y la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas", advirtió, al mencionar las acusaciones que pesan sobre algunos de sus antiguos funcionarios, como el ex vicepresidente Francisco Santos.
También aseveró que todo esto es consecuencia de la "presión permanente" a la que estaría sometida la justicia por parte de "algunos opinadores que inexplicablemente la extorsionan con la pluma difamadora".
Uribe culmina su comunicado explicando que "el Estado de Derecho no se desfigura por el asilo que hace parte de la normatividad internacional y doméstica", pero aclara éste "se anula cuando la justicia se pone al servicio de la política o cae en la trampa de la venganza de los criminales".