La judicatura le acusa de intentar designar al próximo fiscal general del país
BOGOTÁ, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente en funciones de Colombia, Álvaro Uribe, anunció este martes su intención de declarar el estado de conmoción interna con el objetivo de "enfrentar la criminalidad" aunque muchos han interpretado este gesto como un intento del mandatario de controlar el nombramiento del nuevo fiscal general.
El mandatario explicó que la finalidad de esta medida "es darle más atribuciones a la justicia para enfrentar la criminalidad" y no "usurpar sus competencias" como sospechan miembros de la judicatura colombiana que advierten en esta declaratoria la intención de Uribe de designar directamente al próximo fiscal general antes de abandonar la presidencia el 7 de agosto.
El anuncio se produce después de que el pasado 19 de junio un juez del municipio de Caucasia, en el departamento de Antioquia (norte), dejara en libertad al supuesto líder del grupo paramilitar Los Paisas. El dirigente se apoya en este caso para impulsar la medida que supuestamente evitará que se produzcan nuevas "excarcelaciones masivas" de miembros de grupos armados, informaron medios locales.
De declararse, el estado de conmoción interna permitiría al mandatario recurrir a mecanismos excepcionales para contener posibles alteraciones del orden público, entre ellos la creación de un cuerpo de jueces nacionales de garantías que sustituiría a los municipales, encargados de supervisar las capturas de los guerrilleros y paramilitares.
Dicho estado permanecería vigente un máximo de 90 días --establecido por la Constitución-- que podrían ser prorrogables por dos periodos consecutivos de la misma duración, aunque el segundo tendría que contar con el respaldo del Senado.
En opinión del ex presidente del Tribunal Constitucional, Alfredo Beltrán, el requisito que permite la activación del estado de conmoción interna "no se ve en este caso" lo que pone en duda las verdaderas intenciones de Uribe al estudiar esta posibilidad. No obstante, apuntó que aunque el mandatario nombrara durante este periodo al fiscal, dicha designación "no tendría el aval del alto tribunal" por lo que quedaría invalidada.