BOGOTÁ, 4 Nov. (Reuters/EP) -
La ONG Amnistía Internacional ha dicho este miércoles que Colombia debe garantizar la restitución de tierras a indígenas y afrodescendientes, además de permitirles desarrollar libremente sus territorios, para resolver una de las principales causas del conflicto armado que asegure un acuerdo de paz a largo plazo.
Más de seis millones de colombianos han sido forzados a abandonar sus tierras por amenazas, presiones o combates entre guerrilleros izquierdistas, paramilitares de ultraderecha y tropas gubernamentales, en medio de un conflicto que supera el medio siglo y que ha dejado al menos 220.000 muertos.
El acceso a la tierra es uno de los temas centrales de la negociación de paz que mantienen desde hace tres años en Cuba el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como uno de los argumentos con que la insurgencia justifica su levantamiento en armas contra el Estado.
Aunque el Gobierno de Santos inició en el 2012 un proceso de reparación a víctimas del conflicto y restitución de tierras que, de acuerdo con Amnistía Internacional (AI), "ha avanzado con gran lentitud", las comunidades desplazadas que quieren regresar a sus territorios "se enfrentan a mineras multinacionales que buscan explotar recursos naturales como el oro".
"Cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir cómo se usan tengan prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio", ha señalado Erika Guevara, directora regional para América de AI.
Al menos ocho millones de hectáreas de tierra --un 14 por ciento del territorio colombiano-- han sido abandonadas o adquiridas ilegalmente a través de violencia, intimidación o corrupción, señala el informe de la organización.
La mayoría de los afectados son campesinos, indígenas y afrocolombianos que se ganan la vida con la tierra, añade AI, que acusa al gobierno de otorgar licencias a mineras para explotar recursos naturales sin el consentimiento de esas comunidades.
Por su parte, la gubernamental Unidad de Restitución de Tierras ha indicado que desde que comenzó su gestión en el 2012 ha devuelto unas 173.000 hectáreas a 20.000 beneficiarios. "No es fácil adelantar este proceso en la mitad del conflicto", ha sentenciado Ricardo Sabogal, jefe de la Unidad.