TEGUCIGALPA, 22 Oct. (Notimérica) -
El juicio por el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres ha comenzado finalmente este sábado, después de cuatro aplazamientos por la recusación al tribunal por parte de la familia. Hay ocho personas acusadas.
La familia de Cáceres había solicitado este aplazamiento debido a que consideran que las tres juezas que llevan el caso podrían proteger los intereses de la empresa Desarrollo Energético (DESA), a la que la ambientalista se enfrentó poco antes de su muerte.
Este conflicto por el proyecto de construcción de la presa Agua Zarca en el cauce del río Gualcarque marcó el comienzo de una serie de amenazas e intimidaciones hacia la hondureña. Finalmente, el 3 de marzo de 2016, Cáceres fue asesinada en su casa.
Los sospechosos son un oficial del Ejército, Mariano Díaz; el exmilitar Douglas Geovanny Bustillo; el gerente de DESA, Sergio Ramón Rodríguez; Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte y Óscar Arnaldo Tareas.
Se les acusa del asesinato de Cáceres y también de asesinato en grado de tentativa del activista mexicano Gustavo Castro, que el día de los hechos se encontraba en casa de Cáceres y que recibió un disparo, aunque sus heridas no prestaron gravedad.
"La prueba científica y demás diligencias investigativas recabadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal, serán clave para que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida obtenga un fallo de culpabilidad", ha indicado el Ministerio Publico a través de un comunicado el día del inicio del juicio, que continuará este lunes con un debate oral.
"La Fiscalía hará lo propio para demostrar la vinculación de cada encausado con los hechos que se les imputan a través de más de 100 medios de prueba, entre ellos los análisis y pericias respectivas al arma con la cual le quitaron la vida a la líder ambientalista", ha subrayado el Ministerio, que también ha informado de que estos informes aún no están terminados y, por lo tanto, no se podrán presentar aún.
También se encuentran detenidos en relación con el caso un expolicía, Miguel Ángel Rosales, y un investigador, Juan Carlos Cruz, ambos asignados a la investigación del caso y acusados del delito de "inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos".
Desde marzo está también en prisión el presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, a quien se acusa de ser el autor intelectual del crimen junto con las fuerzas de seguridad del Estado.
IRREGULARIDADES EN EL JUICIO
Tras desestimar la recusación al tribunal por parte de la familia de Cáceres, el juicio ha comenzado rodeado de irregularidades que denuncia el entorno de la hondureña.
La causa se abre a pesar de que el día anterior la defensa de la familia presentase una nueva queja por la parcialidad de las juezas, a pesar de que en un principio fue aceptada.
Este movimiento nada inusual por parte del tribunal podría propiciar una futura apelación al resultado del caso, que ya se encuentra en el foco mediático a nivel internacional.
Además, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del que Cáceres fue fundadora, ha denunciado que se han retirado las acusaciones privadas, es decir, se ha dejado sin representación legal a las víctimas.
Esto se debe, según el tribunal, a que los intereses de las víctimas serán correctamente representados por la acusación de la Fiscalía. La familia ha anunciado que luchará contra esta decisión, y ha tildado el juicio de 'ilegal'.