Condenados 13 ex militares y un civil por el secuestro y la ejecución de 38 campesinos durante la dictadura chilena

Publicado 06/11/2019 17:51:22CET
Militar chileno
Militar chileno - SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO / SEBASTIAN BROGCA

SANTIAGO, 6 Nov. (Agencia Uno/EP) -

Un tribunal de de Chile ha condenado este miércoles a 13 ex miembros del Ejército y de Carabineros y a un civil a penas de entre diez años de cárcel y cadena perpetua por el secuestro y la posterior ejecución de campesinos en zonas rurales de la comuna de Paine en los primeros días de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Los hechos ocurrieron entre el 24 de septiembre, días después del golpe de Estado lanzado el 11 de septiembre por Pinochet contra el Gobierno de Salvador Allende, y el 16 de octubre de 1973 en los asentamientos campesinos de El Escorial, Campo Lindo y 24 de Abril, todos ellos ubicados en la comuna de Paine, en la Región Metropolitana de Santiago.

Los uniformados, acompañados por un civil, irrumpieron en las comunidades de madrugada y, en la mayoría de los casos, se llevaron detenidos a los campesinos, que pasaron unos días recluidos en el campo de prisioneros de Cerro Chena para finalmente ser fusilados.

"En el mismo camión trasladaron a todos los detenidos hasta una quebrada en la Cuesta de Chada y los ejecutaron, disparándoles con las armas de fuego que portaban, encontrándose tiempo después sus cadáveres abandonados en el citado lugar", relata la sentencia.

Los restos mortales fueron encontrados "años después". "Solo fragmentos óseos y dentales de once de las veinticuatro víctimas, debido a que sus cuerpos fueron removidos y trasladados hasta un sitio desconocido hasta la fecha", indica.

La magistrada Marianela Cifuentes Alarcón, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ha condenado a los 13 ex militares y al civil por el secuestro y la ejecución de 14 campesinos y la ejecución de otros 24 campesinos.

Cuatro ex militares han recibido cadena perpetua, otros seis y el civil han sido condenados a 20 años de cárcel, otros dos a 15 años de prisión y un último a diez años de privación de libertad. Además, ha ordenado al Estado chileno pagar 15.928 millones de pesos (19 millones de euros) en concepto de indemnización a las familias.

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